Al entrar el régimen de Peña Nieto, Luis Videgaray su secretario de hacienda tenía el compromiso con su jefe, de elevar la recaudación de impuestos, y para ello utilizó dos estrategias, que le han complicado la vida a los contribuyentes del país. La primera fue la de expedir una ley de lavado de dinero, que obliga a los contribuyentes y a los notarios públicos a informar de operaciones ¨relevantes¨, es decir, operaciones comerciales que pudieran ser objeto de lavado de dinero, al adquirir bienes y servicios con dinero supuestamente mal habido, y principalmente dinero que se origina de utilidades que no pagaron los impuestos correspondientes.

La tradición en el país era que los contribuyentes simulaban que pagaban impuestos y los funcionarios públicos simulaban que usaban correctamente esos recursos para el gasto público. De repente, esa tradición se rompe. Ahora un auto no lo puedes comprar en efectivo si rebasa cierta cantidad en su precio. Si compras una casa o un terreno, el notario está obligado a reportar la operación al SAT. Si compras artículos suntuarios (relojes, joyas, etc.), si pagas rentas muy altas, en fin, un sinnúmero de operaciones, los vendedores de dichos artículos o los prestadores de servicios, están obligados a informar mensualmente al SAT de quienes han sido los adquirentes de dichos bienes y servicios… Y no sólo eso, para realizar la operación deben cerciorarse de la personalidad del adquirente, es decir, conservar copia de su credencial de elector, de su comprobante de domicilio, y en algunos casos, hasta de una declaratoria en la cual el comprador del bien o servicio, declara bajo protesta de decir verdad, que los recursos que usa para adquirir los bienes son de procedencia lícita.

Esta ley anti lavado, ha provocado una recesión en el país, pues muchas de las operaciones mercantiles relevantes o importantes, ahora pueden llamar la atención de la autoridad, y los ciudadanos temen, que aún cuando sea lícito el origen de los recursos, puedan tener un problema de vigilancia, revisión, visitas de la PGR o del SAT, y ante la corrupción imperante en ambas instituciones, prefieren dejar de realizar la operación de compra de bienes o servicios.

Aunado a ello, la autoridad ha establecido reglas que aunque incrementan la vigilancia sobre los particulares, también desestimulan la actividad económica. Por ejemplo cualquier gasto realizado mediante tarjetas de crédito ya sea bancarias o departamentales será informado a la autoridad fiscalizadora. Cualquier boleto de avión para viajes al extranjero, será informado al SAT.

Y ahora con la reforma fiscal que obliga a la contabilidad electrónica, también los contribuyentes tienen desde principios de 2015 la obligación de enviar sus balanzas de comprobación mensuales en un formato electrónico al SAT, lo cual va a permitir aún más el cruce de información de operaciones entre contribuyentes, y a partir de mediados de este año, habrá que enviar auxiliares, y pólizas. Si a esto le sumamos que las facturas electrónicas pasan por el SAT antes de llegar por correo electrónico a cada adquirente de bienes o servicios, y las nóminas también deben de ser electrónicas para poder ser deducibles, resulta que el gobierno federal corrupto tiene la posibilidad de controlar todas y cada una de las operaciones entre contribuyentes, es decir, que el propio SAT será quien lleve la contabilidad de los contribuyentes CAUTIVOS.

En esa palabra, CAUTIVOS, esta el origen del problema, pues la reforma fiscal (a las leyes fiscales, y la de lavado de dinero que también es fiscal) afecta a los contribuyentes de siempre, y aunque el SAT presume que se han dado de alta muchos contribuyentes nuevos, ¨han entrado a la formalidad¨, la realidad es que son los que eran pequeños contribuyentes y que no pudieron darse de baja, por el tipo de operaciones que realizan, mientras que otro tanto de contribuyentes que estaban en el régimen de pequeños contribuyentes, optaron por desaparecer del mapa fiscal al darse de baja.

Esta reforma estaría excelente en un país dónde los esfuerzos por fiscalizar y controlar a los ciudadanos que forman parte de la población económicamente activa fueran parejos. Pero en un país dónde la informalidad sigue a la luz del día, y dónde las operaciones en efectivo comienzan desde la fábrica hasta la venta del producto al consumidor final, y por ende en tianguis y vendedores ambulantes se realiza hasta un 30% de las operaciones comerciales a nivel nacional, el resultado es una competencia desleal. Unos cuantos pueden evadir al fisco y reducir sus costos al no pagar impuestos y otros tienen que competir con ellos, pero con el costo adicional del pago de impuestos. A fin de cuentas, en este país la formalidad, la legalidad, le cuestan al empresario.

Y el otro problema moral que enfrenta la reforma fiscal, es que si bien, incrementa la vigilancia y el control de los contribuyentes de siempre, los cautivos, no llega con el control y transparencia equiparables en el uso de los recursos obtenidos por el fisco. Es decir, mientras los contribuyentes deben de pagar el 100% de sus impuestos, los funcionarios públicos siguen con el saqueo de las arcas nacionales. Donde quiera se escucha hablar del diezmo porque le asignen una obra o una licitación, o lo que es peor, miles de millones de pesos van a los amigos del gobernante en turno, como es el caso de del grupo HIGA, que se ha convertido en el emblema de la corrupción y conflictos de interés de este sexenio.

Hasta antes de esta reforma fiscal y de lavado de dinero, mucho del dinero evadido por los contribuyentes, se utilizaba para gasto corriente de las familias y para reinversión… Hoy se ha reducido el gasto familiar y la inversión en las empresas y esto ha frenado el crecimiento económico… Si el gobierno hubiera eliminado en la misma proporción la corrupción, el efecto hubiera sido compensado, pero al no haberlo hecho, se ha afectado la economía y el bienestar de cien millones de mexicanos.

Grave es también considerar que este país tiene un nivel educativo de segundo de secundaria (según datos oficiales) y de cuarto de primaria (según estimaciones del sector privado), y con dicho nivel educativo se pretende que se lleve contabilidad electrónica, se informe a la autoridad de las operaciones relevantes, se envíe información por internet de compras, ventas y gastos de cada contribuyente, y se corra el riesgo de cometer errores y sufrir la persecución fiscal o de la propia PGR en su unidad especializada en lavado de dinero. Las consecuencias pueden ser muy graves y el temor de los contribuyentes totalmente justificado.

– Se debe legislar para establecer límites mayores a los cuatro millones de pesos de ingresos para enviar la contabilidad electrónica. Considerar un mínimo de 8 millones de ingresos anuales para personas físicas y morales.
– La legislación anticorrupción debe de iniciar su aplicación a la brevedad y probar que funciona. Si no se combate la corrupción e impunidad. Si no se usan correctamente los recursos públicos, la economía caerá en una espiral de recesión e inflación, con crecimiento negativo.
– Se debe legislar para sancionar a la autoridad fiscal si no cumple con metas de formalización de la economía informal, para que a fin de sexenio no más del 5% de la economía sea informal. Es decir, sanciones para los funcionarios si los tianguistas, vendedores ambulantes, técnicos y profesionistas no se formalizan en un 30% cada año de los que restan del sexenio.
– Analizar los equilibrios entre fiscalización tanto por parte del SAT como por la unidad anti lavado, y la invasión a la privacidad de los mexicanos. No queremos un big brother que vigile cada uno de los actos de los mexicanos.
– Transparentar totalmente las acciones de gobierno mediante una contabilidad diaria en línea de cada una de las dependencias de gobierno, federación, estados, municipios y paraestatales, con el fin de que así como los particulares tienen que informar al gobierno de sus actividades, los gobernantes informen en tiempo real de las actividades que realizan en nombre de sus gobernados… Es decir, combatir con transparencia la corrupción
– Elevar la penas y los plazos para que deje de ser perseguido cualquier delito cometido por servidores públicos. Por ejemplo, algunos delitos de peculado prescriben a los tres años. Así un tesorero como Tarek Abdalá que presuntamente cometió delitos de peculado en SEFIPLAN, si consigue ser diputado federal por el PRI por el distrito de Cosamaloapan, tendrá tres años de fuero y cuando termine su fuero será imposible castigarlo, ya que habrá prescrito el delito.
– Eliminar el fuero en todos los niveles de gobierno.
– Cualquier grupo de ciudadanos o ciudadano debe poder denunciar enriquecimiento ilícito.
– Eliminar el poder de los gobernadores sobre el poder legislativo y judicial de sus estados. Legislando a nivel federal sobre la responsabilidad de dichos poderes en cuanto a actos en contra de los gobernados. Por ejemplo en el poder judicial, liberar culpables por consigna. En el poder legislativo, no ejercer a profundidad y correctamente sus facultades de revisión de la cuenta pública del estado y de los ayuntamientos. No atender denuncias ciudadanas y verificar de manera confiable su veracidad.
– Regresar a niveles razonables la deducibilidad de automóviles, a un valor máximo de $400,000.00
– Reducir el precio de las gasolinas a partir de 2016 a precios competitivos internacionalmente, con el fin de estimular el crecimiento económico del País.
– Las tarifas de ISR para personas físicas deben de ser competitivas y comparables con las de nuestro principal socio comercial, es decir, se debe de elevar el monto en cada rango de la tarifa, con el fin de reducir la carga fiscal a ingresos mínimos.
– El Régimen de incorporación fiscal debe de otorgar trato preferencial en cuanto a tarifas, a los contribuyentes que en él se registren, con la única limitación del monto de ingresos, eliminando el resto de las limitaciones que hoy existen para participar en dicho régimen. Asimismo, debe de otorgar trato preferencial en cuanto a tarifas de impuesto, con el fin de incentivar a largo plazo la permanencia en dicho régimen de los contribuyentes.

www.josecobian.blogspot.mx Miguelcobian@nullgmail.com @jmcmex