Senadores del PAN y PRD presentaron una iniciativa para dotar de independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer los delitos en materia de corrupción a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
A través de diversas modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los senadores proponen la creación de unidades administrativas distribuidas en regiones dentro del territorio nacional para el seguimiento de las investigaciones.
En la iniciativa se establece que cuente con recursos presupuestales necesarios para el desarrollo de sus funciones, para lo cual se diseñará un mecanismo que asegure a la Fiscalía un presupuesto de al menos cuatro por ciento de los recursos totales asignados a la Procuraduría General de la República durante su primer año y tres por ciento en los consecuentes.
Señala que el cargo del fiscal especializado, será equiparable en jerarquía administrativa a la actual figura de sub-procurador y será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los senadores. Además podrá ser removido libremente por el Procurador General de la República, que podrá ser objetada por el voto de la mayoría del Senado dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes al acuerdo de remoción.
Esta Fiscalía podrá participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción; además podrá nombrar y remover a los titulares de las Unidades Especiales y Direcciones Generales de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
Asimismo podrá diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los delitos en materia de corrupción y podrá requerir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información que resulte útil para el ejercicio de sus atribuciones.
Tendrá la facultad de atracción de los delitos del orden común; ordenar el aseguramiento o solicitar el decomiso, según corresponda, de bienes propiedad de los imputados o sentenciados, así como de los dueños.
Será la encargada del sistema de profesionalización de los Agentes del Ministerio Públicos, y personal técnico jurídico para perseguir delitos por posibles hechos de corrupción.
