En días pasados nos enteramos por las redes sociodigitales de una persona que retiraba los libros de texto a estudiantes que no habían cubierto la cuota acordada por la Sociedad de Padres de Familia de ese centro escolar ubicado en la región de Los Tuxtlas. Usuarios de estos medios inmediatamente utilizaron el término que acuñaron al denunciar algunas anomalías, se habla de lady’s y lord’s. No entro en detalles por respeto a los involucrados y porque no soy autoridad para juzgar a ninguna persona.
Pero el hecho debe ser reflexionado colectivamente. Sabemos que el Estado sólo se encarga de los salarios de los trabajadores, de proporcionar la documentación que acredite los estudios y de la construcción de los centros escolares. ¿Y el mantenimiento y gasto corriente? Es decir: pagos de agua, energía eléctrica y teléfono. Así como al compra de detergentes, jabones, focos, jergas, cubetas, escobas y demás enseres de uso cotidiano en una escuela. Esos gastos se erogan de las cooperaciones de padres y madres. Nos guste o no, así es.
Es decir, aún no hemos podido cumplir cabalmente el derecho gratuito de la educación a las que tenemos y tienen acceso nuestra niñez y juventud.
De ahí la importancia de la iniciativa presentada por el diputado Adolfo Jesús Ramírez Arana, para reformar el Artículo 7 de la Ley de Educación del Estado que permitiría incluir a las autoridades estatales y municipales, además de docentes, educandos, padres de familia e instituciones educativas en la participación corresponsable para el fortalecimiento y desarrollo del sistema educativo estatal en todos sus tipos, niveles y modalidades.
El legislador dijo ante sus homólogos que: “El proceso educativo no se limita a la enseñanza-aprendizaje, sino que requiere la participación activa y constante del gobierno federal, estatal y municipal, además del magisterio, padres de familia, alumnos y sociedad civil, quienes deben trabajar para transformar a las comunidades e instituciones”.
Consideró que las reformas a los artículos 3° y 73 constitucionales trajo cambios estructurales, pero representan la oportunidad para que la participación social otorgue rumbo adecuado en cada comunidad escolar para construir un nuevo tejido con mayores posibilidades de éxito para los educandos.
Ojalá que dé tiempo de llevar a cabo la reforma, pero sobre todo, que se consulte con especialistas –que aquí en Veracruz tenemos de los mejores- de la Normal Veracruzana, de las universidades pedagógicas y de la Veracruzana para enriquecer la propuesta, pero sobre todo, para que se aplique en nuestra entidad.
Hace muchos años los ayuntamientos se hacían cargo de algunas escuelas. Tanto en el pago de docentes como en su mantenimiento. Creo que es momento de buscar los apoyos institucionales, ya que las autoridades municipales son nuestro primer contacto que tenemos como sociedad. No para paliar problemas, sino para buscar consensos que garanticen el buen funcionamiento de los centros escolares.
Ramírez Arana consideró que: ”Debe incluirse como elementos indispensables en la búsqueda de resultados a las autoridades estatales y a las municipales. Quienes realizamos gestión sabemos que es necesario contar con estas instancias para que los programas y recursos sean aplicados con justicia y equidad en las comunidades escolares”.
Todo lo que sea por nuestro bien social es bienvenido. Esperemos que prontos resultados. Por hoy es todo, les deseo un excelente inicio de semana y nos leemos en la próxima entrega.
