El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, afirmó que se revisará con todo detenimiento el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 para determinar de qué partida se pueden tomar recursos para asignarlos a la operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La implementación del SNA tendría en 2017 un impacto presupuestario estimado en mil 506.2 millones de pesos (mdp)
En un comunicado, el diputado panista comentó que en el proyecto de PEF 2017, el Ejecutivo federal no consideró ningún monto específico a este mecanismo.
Mencionó que, de acuerdo con una valoración realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), a petición de la propia Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la implementación del SNA tendría en 2017 un impacto presupuestario estimado en mil 506.2 millones de pesos (mdp).
Puntualizó que este sistema, derivado de la reforma constitucional de 2015, requeriría 15.2 mdp para el Comité de Participación Ciudadana; 22.8 mdp, a la Secretaría Ejecutiva; 22.0 mdp, a la Plataforma Digital Nacional, y 155.9 mdp, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
También mil 152.4 millones de pesos, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y 137.9 mdp para la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
El diputado presidente aclaró que conforme a la misma investigación del CEFP, las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública no tendrían impacto presupuestario, dado que se transferirían diversos órganos desconcentrados a esa dependencia federal.
Dijo que, al mismo tiempo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las modificaciones al Código Penal no establecen nuevas atribuciones, programas presupuestarios o modificación de estructuras administrativas.
Finalmente, recordó que el SNA es resultado de diversas normas y puntualizó que una de ellas es la Ley General del Sistema Anticorrupción, la cual establece la creación de un Comité de Participación Ciudadana (CPC), una Secretaría Ejecutiva y una Plataforma Digital Nacional, entre otros aspectos.
Además, se aprobó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la que se establece la obligación de los servidores públicos de realizar su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, y se creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Finalmente, Bolaños Aguilar destacó la importancia de que esta semana que inicia la Junta de Coordinación Política (Jucopo), elaborará el calendario de comparecencias de los secretarios de Estado, que asistirán a San Lázaro con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno.
Confió en que estos encuentros de legisladores con los representantes del gobierno federal se conviertan en auténticas oportunidades de análisis y diálogo acerca de lo que significaron las políticas, programas y acciones de la actual administración federal en los últimos 12 meses.
