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La Jornada

Empresarios gasolineros preparan denuncias penales en contra de Fernando César Luna, director general de Verificación de Combustibles de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y de su antecesor el dentista Tomás Manuel Sánchez Robles, a quienes señalan como responsables de una red de corrupción de funcionarios que extorsiona a gasolineros a cambio de alertarlos de los operativos de verificación que realiza la institución de manera sorpresiva.

Informó lo anterior el abogado Alonso Ramírez, representante legal de varios de los empresarios quejosos, quien dijo a La Jornada que la querellas se están preparando y se presentarán en breve ante la Procuraduría General de la República (PGR) , pero pidió mantener en el anónimato a los gasolineros.

“Tengo la instrucción de mis representados de preparar y presentar las denuncias penales correspondientes contra el director y el ex director de Verificación de Combustibles (de la Profeco), porque se han dedicado sistematicamente a enriquecerse, extorsionando mes con mes a los empresarios”, refirió el abogado litigante.

De su lado, empresarios del ramo entrevistados por este diario pero que no autorizaron dar sus nombres, dijeron que la red de corrupción que extorsiona a gasolineros a cambio de alertarlos de los operativos de verificación tiene la complicidad de empresarios ligados a políticos en varios estados.

Estos empresarios señalan que el sistema de pagos ilegales a funcionarios de la Profeco es promovido y alentado por iniciativa de altos directivos de las asociaciones de gasolineros.

Un empresario del ramo de Sinaloa que pidió el anonimato indicó que, en esta entidad, las extorsiones son de 18 mil pesos por cada establecimiento y que el dinero se entrega en efectivo a un personaje ligado a líderes gasolineros.

Otro empresario que tiene gasolineras en el estado de Veracruz aseguró a este diario que él pagaba 35 mil pesos mensuales al dentista Tomás Sánchez Robles, ex titular director general de Verificación de Combustibles de la Profeco, quien llegó a la Procuraduría por invitación de Humberto Benítez Treviño, destituido en 2013 tras el escándalo de su hija identificada como Lady Profeco.

Ahora, desde que llegó Fernando Luna (a quien apodan El Emperador y también se le relaciona con un grupo de funcionarios relacionados com Erwin Lino) a esa dirección de la Profeco, las extorsiones a los empresarios gasolineros han continuado, aseguraron los empresarios entrevistados.

Según fuentes del gobierno federal, actualmente existen averiguaciones previas abiertas desde el año 2014 contra empleados de la Profeco involucrados en una red que encubre y extorsiona a gasolineros, aunque los informantes no aclararon si entre esos funcionarios están el dentista Tomás Manuel Sánchez Robles (quien fue subdirector de Administración de Personal del estado de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto) o Fernando Luna.

De acuerdo con fuentes federales consultadas, los servidores públicos alertan a los dueños de las empresas gasolineras sobre los operativos especiales de control volumétrico y para garantizar que se despachen litros de a litro.

En la red, según las fuentes que conocen esta indagatoria, están involucrados inspectores y titulares de las delegaciones de la Profeco en al menos 15 estados del país.

También son señalados de estar involucrados funcionarios de las oficinas centrales de la dependencia adscritos a la Dirección General de Verificación de Combustibles y de la Coordinación de Brigadas de Verificación de Combustibles.

La investigación sobre los pitazos, de acuerdo con las fuentes consultadas, inició luego de denuncias aisladas que recibió Pemex por parte de gasolineros en diferentes partes del país.