El incremento en los precios de las gasolinas ha generado molestia e irritación entre la sociedad mexicana, la que comparto.
El que un grupo de personas haya aprovechado la ocasión para delinquir y generar psicosis entre la sociedad de diversas ciudades del país agregó al enojo ciudadano por los incrementos en los combustibles el temor al desabasto y a una escalada en materia de inseguridad.

Saquear tiendas de conveniencia, supermercados y pequeños comercios no es, ni será, la vía para protestar contra el «gasolinazo».

Al contrario, con dichas acciones, las economías familiares resultan con mayores afectaciones ante la escasez de productos y el clima de inseguridad.

Como senador de la República, estoy obligado a precisar que el llamado «gasolinazo» no se debe a la reforma energética. Esta nunca contempló el incremento de los precios de los combustibles. Los que tratan de confundir a la sociedad responsabilizando a la reforma energética del «gasolinazo» están echándole gasolina a una fogata.

El objetivo de la reforma energética fue hacer más competitivo al sector energético del país, atrayendo nuevas inversiones que nos permitieran como país extraer petróleo de aguas profundas, construir más refinerías, entre otros aspectos.

Sí aprobamos liberar los precios de las gasolinas para que quedaran conforme los mercados internacionales, como sucede en el resto de los países.

También es falso, como lo divulgan algunas fuerzas políticas, que el incremento de los precios de las gasolinas y diesel se deba al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). Este gravamen no se incrementó este año, de hecho, el impuesto sobre las gasolinas en México se reduce, en 2017, de 4.60 pesos a 3 pesos por cada litro.

Cabe recordar que este impuesto no es reciente, fue concebido durante la pasada administración federal panista, para igualar el precio del combustible entre nuestro país con el estadounidense.

De manera puntual aclaro que los actuales precios se deben a diversos factores: el costo del petróleo se duplicó en los últimos meses, además que el peso se ha devaluado frente al dólar, y casi el 70 por ciento de las gasolinas que consumimos las adquirimos en el extranjero, pagándolas en dólares.

Frente a esta situación me pronuncio por que los poderes públicos asuman un plan de austeridad, eliminando todo gasto suntuoso y eficientando las estructuras de gobierno.

Se debe proteger la economía de las familias, fomentando el empleo, impulsando la mejora regulatoria y atrayendo inversiones.

Habría que voltear a otros estados del país, ante las medidas locales que están implementando sus gobiernos, como es el caso de Coahuila, al eliminar o disminuir 108 impuestos estatales en apoyo a la economía familiar.

Requerimos de un gran acuerdo con el sector privado para fomentar las inversiones e incentivar al consumo local. Acuerdo que debe contemplar la garantía de nuestras autoridades de que el saqueo y el vandalismo no volverá a repetirse.

Finalmente, celebro que el gobierno Federal esté tomando medidas en Veracruz para proteger a las clases más vulnerables y para restablecer el orden público en beneficio de la ciudadanía

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