No soy abogado y no me siento lo suficientemente capacitado para juzgar al juez Anuar González Hemadi, el Juez Tercero de Distrito en el estado que concedió un amparo de la Justicia Federal a uno de los jóvenes supuestamente implicado en el muy penoso caso conocido como ‘los porkys de Costa de Oro’. Tampoco quiero abundar sobre este asunto, que seguramente ya bastante pena y estropicios a las cinco familias involucradas. Siento de veras una profunda pena y consideración por las mismas. En este mundo justo e injusto nadie está a salvo.

Como quien dice, en casa del jabonero, el que no cae resbala.

Revisaba los antecedentes curriculares del Juez, y lo único que puedo decir es que se trata de un hombre con una muy amplia foja de servicios y cursos de todo tipo relacionados con su función como juzgador. Resaltan, sin embargo, los que tomó en derechos humanos, derechos de la infancia y en perspectiva de género. Me salta algo que, sin prejuzgar como una falla del sistema de justicia penal, considero una falla del sistema de justicia en general, el Juez González Hemadi cursó su licenciatura en derecho en la Universidad Cristóbal Colón del puerto de Veracruz, seguramente en el plantel anterior, mismo que, según recuerdo, estaba ubicado en la avenida Díaz Mirón. Es decir, el Juez en cuestión puede ser originario del puerto o, cuando menos, el ambiente porteño socialmente hablando podía no haberle sido ajeno. En mi opinión quizá se debió declarar impedido de conocer el caso desde un principio por las razones que mencionó en líneas atrás. Es sugerencia nada más.

Pero entrando al asunto de fondo que me interesa comentar, me preocupa que tengamos un sistema judicial con un cuerpo de jueces que han declinado de asumir el papel de verdaderos magistrados, es decir, el sistema jurídico les concede y les exige obrar en conciencia, como lo que son, una autoridad dotada y con las facultades que le da la representación moral y ética del Estado (del pueblo) para impartir justicia entre dos o más partes involucradas en un asunto litigioso. Esto es, más allá de lo que dice la ley a la letra y a su espíritu, lo menos que la sociedad puede esperar de un juez o de un magistrado la estatura suficiente y necesaria para llamar la atención, amonestar, fustigar, reprobar, condenar y calificar al infractor. Como en el caso que nos ocupa, suponiendo sin conceder que hubiera actuado conforme a derecho para conceder el amparo que concedió, que en su resolución hubiera señalado, acreditado que la conducta del joven indiciado fue reprobable por las agravantes acreditadas.

Los jueces y magistrados en México –y no sé si en otros países también, al menos desarrollados- resuelven con más frecuencia de lo habitual, dimiten de su más elemental función cual es actuar como una autoridad, con independencia de criterio. Cada vez son más numerosas y habituales las sentencias impartidas por jueces y magistrados que preocupan por su aparente falta de juicio, causando una profunda alarma social. Sobre sus espaldas descansan la aspiración de justicia de los agraviados –lastimados -, su honor, la dignidad, los bienes y la vida de los ciudadanos. Los jueces, quizá en su mayoría, no valoran el espíritu de la ley y se limitan simplemente a aplicarla lisa y llanamente, actuando como meros ejecutores de una ley.

Yo no podría juzgar a una ley o a un conjunto de leyes (marco legal) en lo que corresponde a su legalidad y/o posible amoralidad, pero de lo que sí estoy seguro es de que los jueces debieran tener la estatura moral para devolverle a la ley ese ingrediente humano que les hace falta o del cual carecen, es un poco como si se pusieran en los pantalones de un ofendido o agraviado –pensemos en los familiares de una persona secuestrada-. Muchos jueces, y no quiero prejuzgarlos a todos, frustran las expectativas de la sociedad por cuanto se espera de ellos que no sean meros gestores de lo que dice la letra de la ley. También deben actuar sentando precedentes, haciendo pedagogía del sistema de justicia, en suma, hacer valer su autoridad actuar para dar equilibrio a lo que dice la ley con la justicia.

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