Después de corregir un error en las coordenadas geográficas de la propuesta de veda permanente en el uso de redes agalleras en el Golfo de California, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) solicitó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), retomar el proceso de consulta pública de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), que tiene como objetivo proteger a la vaquita marina de la pesca incidental.
Víctor Manuel Arriaga Haro, director general de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la Conapesca, explicó que se pidió la baja temporal del expediente para hacer un ajuste en el mapa con el fin de dejar fuera de la prohibición a la comunidad de Puerto Peñasco, Sonora.
En entrevista con Excélsior, aclaró que la restricción presentada el 23 de marzo y modificada el pasado 31 de marzo, abarca todas las redes que interactúan con la vaquita marina como son las agalleras, las de enmalle y chinchorro de línea.
Todas las redes de enmalle y agalleras, van a estar prohibidas cuando salga publicado el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF); el chinchorro de línea, que tiene una luz de malla más pequeña para poder atrapar al camarón, es también una red agallera y por lo tanto va a quedar dentro de la restricción», explicó.
Arriaga Haro detalló que la veda permanente es para el norte del Golfo de California o Mar de Cortés, que es la zona de influencia de la vaquita marina, el mismo cuadrante que se protegió de manera temporal desde 2015, y que incluso en esta ocasión se extendió de 10 mil a 11 mil kilómetros.
Dijo que ya se está trabajando en la búsqueda de los esquemas para la entrega de nuevas compensaciones económicas a los pescadores del Golfo de Santa Clara, Sonora y San Felipe, Baja California, «porque no se pueden quedar desamparados», en tanto, el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) no tenga listas las artes de pesca alternativas para que puedan regresar al mar.
Consideró que los apoyos tendrían que ser del orden de 525 millones de pesos anuales, como se venía haciendo con la veda temporal de dos años y que concluye el próximo 10 de abril.
De continuar con ese esquema, pues tendría que ser algo similar, hay que ver las pesquerías, la escama sería de mayo a septiembre y de septiembre a marzo el camarón, entonces hay que buscar el esquema, si es similar o habría alguna modificación, todo eso apenas está en proceso», precisó.
Destacó que la última compensación que se entregó a los pescadores como parte de la veda temporal cubre hasta el 30 de abril, por lo que hay tiempo suficiente para que antes del 1 de mayo salga el Acuerdo de veda permanente, sin que se abra un período donde se pueda pescar con redes.
El director general de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la Conapesca señaló que por lo pronto, ya hay acuerdo con las dos comunidades para el pago por la cuota de captura de Curvina Golfina, pesca que no se pudo realizar por la falta de permisos ambientales, y que será de 25 pesos el kilogramo, lo que representa una derrama total de más de 80 millones de pesos.
Indicó que los depósitos se harán en la primera quincena de abril a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), además de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aplicará 3.5 millones de pesos del Programa de Empleo Temporal (PET) para apoyar a la cadena productiva de San Felipe y 6.5 millones de pesos en el Golfo de Santa Clara.
Víctor Manuel Arriaga Haro minimizó las amenazas lanzadas por el presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe, Sunshine Antonio Rodríguez Peña en contra de la organización ambientalista Sea Shepherd para que saliera del Mar de Cortés o quemaría el barco con el que patrulla el hábitat de la vaquita marina.
«Nosotros platicamos con los líderes y realmente al calor de los ánimos fueron esos comentarios, pero una amenaza como tal, no se puede decir que exista; la gente de Sea Shepherd anda en la comunidad en San Felipe sin mayor problema», aseguró.
Sobre la violencia que se desató el 8 de marzo en el Golfo de Santa Clara con la quema de 10 camionetas oficiales, comentó que no se trató de pescadores organizados, aún cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señaló como responsables ante el Ministerio Público Federal a tres de sus líderes.
