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Excélsior

Los diputados del PAN respaldaron la posición del Estado mexicano por la que se desconocen los resultados de la Asamblea Constituyente por ser violatoria del orden constitucional vigente en Venezuela, y exigieron el retiro de la embajadora de ese país en México.

En un comunicado, el líder de los diputados panistas, Marko Cortés Mendoza, repudió el golpe institucional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al pretender instalar una Asamblea Constituyente, mediante la realización de una elección que, dijo, pone en entredicho el sistema democrático.

La elección convocada de manera unilateral por el gobierno de Venezuela constituye un duro golpe a la representación del pueblo venezolano, expresada en la Asamblea Nacional, acción que merece el rechazo absoluto por parte de la comunidad internacional”, añadió el panista.

Agregó que el mandatario venezolano, contraviniendo los principios democráticos fundamentales, pretende disolver la Asamblea Nacional, con el propósito de crear «una Constitución a modo», lo cual es inadmisible por tratarse de una imposición propia de una dictadura.

Los diputados expresamos nuestro total respaldo y solidaridad al pueblo venezolano en estas horas en las que el gobierno autoritario pretende destruir el sistema democrático que tanto ha costado a nuestra nación hermana, al tiempo que hacemos votos para el pronto restablecimiento de la vida institucional en ese país”, abundó.

Los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) demandaron medidas contundentes y pidieron al gobierno mexicano la expulsión de la embajadora de Venezuela en México, así como imponer sanciones económicas de inmediato.

Además que México promueva la denuncia en foros y organismos internacionales por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las libertades esenciales, el Estado de derecho, la separación de poderes y la gobernabilidad democrática; así como promover el embargo al comercio de armas a Venezuela.

Por último, los panistas exhortaron al gobierno de México a establecer medidas extraordinarias para recibir a los venezolanos en situación de riesgo en su integridad física y sus libertades.