A petición de la PGR, que se quejó de que Elba Esther Gordillo convirtiera su prisión domiciliaria en una «oficina de despacho», un juez federal decidió imponer un régimen más restringido para sus visitas y le prohibió comunicarse vía telefónica con personas que no estén autorizadas judicialmente. El juez Alejandro Caballero le dio un plazo de 24 horas a la maestra para que entregue nombre, identificación oficial y comprobante de domicilio de sus visitantes, así como el carácter en que acudirán a verla. El abogado de Gordillo dijo que impugnarán esa orden porque es violatoria de la privacidad. La nota es de Abel Barajas en «Reforma».
