Luego de que se diera a conocer el aseguramiento de cuatro ranchos adquiridos por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte durante su gestión, con una extensión de dos mil 344 hectáreas, 450 reses, algunas con aretes similares a los provenientes de Nueva Zelanda y otros animales exóticos, su abogado respondió con una carta a estas nuevas declaraciones del gobernador del estado, Javier Corral.
El abogado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, explicó mediante una carta que la propiedad más costosa que presumieron en la investigación fue enajenada en 1994 con un valor 150 mil dólares.
Denuncia una persecución política desde que era senador Javier Corral y aseguró que «ahora se pretende confundir con el aseguramiento supuesto de cuatro nuevos ranchos y queremos aclarar que todos estos bienes rústicos pertenecen a una misma propiedad, la denominada San Rafael de Agostadero o Agostadero de Jáquez o Agostadero de Moreno, que son potreros y no ranchos que han pertenecido muchos de ellos a la familia de mi defendido».
Agregó que incluso ha sido propiedad de la familia de César Duarte hasta por más de cien años y que el ganado que ahí se encuentra es criollo, es decir, nacido en esa propiedad y no son de Nueva Zelanda y el existe ni ha tenido participación pública ni federal ni estatal por lo que se ha pretendido desinformar a la población de un ganado que se adquirió y enajenó en diferentes condiciones.
«Los búfalos que se han publicitado fueron donados por la familia Ballina desde antes de que mi defenso fuera gobernador. De igual manera un pie de cría de jabalíes, que la familia Martínez donó a mi defendido desde antes de ser gobernador y un par de llamas que la familia Portillo regaló», agregó.
Negó categóricamente que «la propiedad de 30 mil hectáreas que se ha difundido en Camargo sea o haya sido propiedad de mi defendido y todas y cada una de las falsas imputaciones que dieron como resultado órdenes de captura en cintra de mi defendido, así como los aseguramientos de inmuebles están siendo materia de análisis por parte del Poder Judicial de la Federación, institución en la que depositamos toda la confianza para que sea esta quién determine de forma imparcial la conclusión jurídica de los asuntos enfrentados».
