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AFP

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil rechazó hoy un pedido del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar ir a prisión preventiva por una reciente condena de corrupción.

Con el voto contrario al recurso de Lula de al menos tres de cinco jueces, el STJ abrió la puerta a que el ex presidente pueda ser detenido en breve en virtud de una condena a 12 años y un mes de cárcel emitida contra él en segunda instancia en enero.

Los abogados de Lula, sin embargo, pueden volver a apelar contra la pena en caso de que la Justicia decida pedir efectivamente la detención inmediata del ex presidente.

Los abogados habían presentado el actual recurso de “habeas corpus preventivo” inmediatamente después del fallo emitido por un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre en enero.

Esa apelación era uno de los pocos recursos de los que aún disponía el ex mandatario para evitar ir a prisión. Lula puede intentar llevar su caso todavía hasta la Corte Suprema.

Lula, considerado como el político más influyente de Brasil en las últimas dos décadas, fue condenado el año pasado por primera vez por cargos de corrupción vinculados al escándalo conocido como Lava Jato. El tribunal de apelación confirmó a finales de enero la sentencia y aumentó la pena de nueve años y medio a más de 12 años.

El caso de Lula ha generado una grave crisis política, porque el popular ex presidente (2003-2010) e ícono de la izquierda latinoamericana quiere volver a ser candidato presidencial en las elecciones de octubre y es actualmente claro favorito en los sondeos con hasta el 36 por ciento de los apoyos.

Lula debe responder aún en otros seis casos vinculados con “Lava Jato”, además de en el actual caso, en el que fue condenado por haber aceptado favores de la constructora OAS. Se espera también que la Justicia impida su candidatura en virtud de la llamada “Lei de Ficha Limpa” (“ley de expediente limpio”).

El escándalo de Lava Jato sacude desde hace casi cuatro años a gran parte de la clase política brasileña.

Numerosos diputados, gobernadores y ex presidentes, así como el actual mandatario, el conservador Michel Temer, son acusados de haber participado en una enorme trama corrupta en torno a la petrolera estatal Petrobras.

Varias empresas pagaban sobornos de forma sistemática a funcionarios y partidos políticos para firmar millonarios contratos con Petrobras, según la investigación de “Lava Jato”.