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Notimex/ Reforma

Un juez rechazó este viernes otorgar una prórroga al Gobierno de Trump para reunir a los niños migrantes que fueron separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos con México y pidió publicar una lista de los 101 niños menores de cinco años en esa condición.

En un juzgado federal en San Diego, California, el magistrado Dana Sabraw ordenó al Departamento de Justicia que entregue la lista a más tardar el sábado por la tarde, y que detalle las razones por las que algunos de ellos no podrían reunirse con sus progenitores antes de la fecha límite del 10 de julio.

El Gobierno federal argumentó hoy necesitar más tiempo para reunir a los niños para garantizar su seguridad y para corroborar su parentesco.

El magistrado consideró que por el momento no tiene la información suficiente para emitir una resolución sobre el pedido de ampliación de plazo, y de ahí la necesidad de la lista.

«Siempre va a haber tensión entre una liberación rápida y una liberación segura», dijo Sarah Fabian, abogada del Departamento de Justicia.

En el centenar de niños, salvo en 16 casos, a la mayoría ya se han identificado a sus padres, según datos ofrecidos en la audiencia de la abogada.

Agregó que de 86 padres de esos menores, 46 se hallan aún bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que 19 han sido puestos en libertad durante sus procesos y otros 19 padres han sido deportados a sus países de origen.

Por su parte, Sabraw pidió entregar la lista a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la cual entabló una demanda para forzar las reuniones de familias migrantes. Ambas partes tratarán de determinar este fin de semana cuáles casos ameritan prórroga, con el fin de presentar un frente unido en la corte el lunes.

El plazo se vence el 10 de julio para los padres con hijos menores a 5 años y el 26 de julio para el resto.

«El gobierno debe reunirlos», indicó el juez. «Debe cumplir con el plazo a menos que haya una razón clara».

Cerca de 3 mil niños fueron separados de sus padres luego de que el Fiscal General, Jeff Sessions, anunció en mayo que la política de «cero tolerancia» entraba en vigor, incluso si eso provocaba la separación de familias.

Mientras los padres eran procesados judicialmente, los niños fueron colocados bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés).