En días pasados, se dio a conocer que el 2 de julio de 2018, un Juez de Distrito en el Estado, con sede en Xalapa, mediante su resolución de amparo, ordenó al Congreso de Veracruz llevar a cabo la reforma de los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado con el propósito de despenalizar e imponer el aborto libre en nuestro Estado, bajo la consideración, a todas luces simplista, de que el Poder Legislativo Local incumplió con la obligación de lesgislar, por el hecho de haber sustentado su resolución en la imposibilidad de contravenir con dichas reformas, la Constitución de Veracruz.
Con lo anterior, nos encontramos nuevamente frente a otro intento promovido por algunos grupos feministas radicales, que buscan por todos los medios imponer una cultura antivida y con ello hacer predominar sus particulares intereses por encima del bienestar de una sociedad que repudia la violencia en todas sus manifestaciones; tal y como sucedió hace un año, cuando por conducto de la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, se presentó una iniciativa con miras a reformar los citados preceptos legales para hacerlos prevalecer por encima del precepto constitucional, nada más antijurídico, para lo cual ahora se utiliza el poder+ judicial con el propósito de imponer esa misma reforma.
Y es que la resolución judicial se contrapone con lo que actualmente establece el artículo 4º de la Constitución Local: «El Estado deberá garantizar el derecho a la vida del ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos”. Principio que desde luego guarda consonancia con los instumentos internacionales que México ha firmado, concretamente con la Convención Americana sobre Derechos Humanos o «Pacto de San José de Costa Rica».
Dicha Convención contiene una declarativa que hace referencia al hecho de que legislar en esta materia, es una facultad que está reservada a los Estados, y justamente permite que Veracruz como Estado soberano, pueda y deba proteger la vida en estos términos, pues se trata de un derecho fundamental autónomo, que constituye un valor supremo cuya titularidad corresponde a todos los individuos de la especie humana y cuya violación es de carácter irreversible, pues implica que el titular de dicho derecho deje de existir.
En este orden de ideas, querer legalizar el aborto es querer hacer legal el asesinato de un ser humano. Esto es un terrible acto criminal e indebido. La vida del concebido, no nacido es un bien jurídico que el Estado debe proteger, ya que se trata de un ser humano, por tanto sujeto de derechos. Hacer legal el aborto en Veracruz, es aumentar el número de homicidios en nuestro estado y alentar que se siga derramando sangre inocente.
Es inaceptable e inconcebible que se pretenda poner de rodillas al Poder Legislativo de un Estado que se ha pronunciado por la protección de la vida y de los derechos del ser humano, valiéndose de la orden de un juez federal; en todo lo cual se observa inmediatamente un deseo de imposición y de extralimitación de funciones. Pretendiendo que ahora los jueces sean quienes decidan los términos en que se ha de legislar.
De esta manera, lo que se percibe inmediatamente es que quienes han buscado y promueven esta desproporcionada resolución jurisdiccional, en realidad están promoviendo más violencia en Veracruz, pues con la reforma al Código Penal que pretenden, se permitiría ASESINAR A LOS NIÑOS durante los tres primeros meses de existencia. Esta decisión judicial nos parece cruel e inhumana porque promueve que en Veracruz se siga derramando más sangre, y más grave aún, porque se trata de sangre inocente, la sangre de seres humanos que no se pueden defender.
Junto a esta situación también consideramos que se contraviene la voluntad popular. La gran mayoría de los veracruzanos amamos y consideramos la vida como un valor supremo, así lo hemos demostrado cuando en el año 2016 se reformó el artículo 4º constitucional. La reforma se llevó a cabo porque la gran mayoría de los veracruzanos ama y respeta la vida, ya que en sus inicios surgió como una iniciativa del pueblo ante los diputados, que son quienes lo representan, no ante los órganos jurisdiccionales que ni si quiera elegimos democráticamente.
Lamentamos que el Congreso del Estado reciba este tipo de presiones externas que provienen de las observaciones de la CONAVIM o de las recomendaciones de funcionarios que carecen de facultades expresas en la ONU para hacer este tipo de exigencias. No se debe permitir esta intromisión.
Aplaudimos la decisión del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, de impugnar tal resolución, por considerar que “no existió omisión legislativa y por ser un tema de estricta legalidad”, todo lo cual se llevó a cabo en el ejercicio soberano de las facultades que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado les confiere a sus integrantes. En efecto, el Congreso de Veracruz ese asunto ya lo trató, y resolvió improcedente la reforma del Código Penal en sus artículos 149, 150 y 154. No se necesita ser un experto en leyes para comprender que una ley no puede estar por encima de la Constitución del Estado. Ninguna persona, grupo o partido político puede estar por encima de la Constitución.
Por todo esto, la Arquidiócesis de Xalapa, fiel a sus principios y enseñanzas doctrinales, expresa su total rechazo a esta resolución jurisdiccional que pretende someter al Poder Legislativo de nuestro Estado. Creemos que la vida es un derecho humano fundamental y que debe respetarse desde el momento de la concepción, como lo establece nuestra Constitución en su artículo 4º, a partir del cual tienen existencia todos los demás derechos.
Exhortamos a los diputados para que sigan defendiendo la vida humana en sus diferentes etapas. Que defiendan la soberanía del Poder Legislativo y no se dejen intimidar por presiones externas o compromisos con grupos minoritarios. La mayoría de los veracruzanos amamos y respetamos la vida.
Pbro. José Manuel Suazo Reyes
