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Milenio Digital

Con 124 votos a favor, los legisladores avalaron la reforma constitucional como parte del paquete que envió el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero de este año, por lo que el dictamen pasará a los congresos estatales para su discusión y aprobación. 

El dictamen estipula que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el período de su vigencia. 

Además, establece que las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la fuerzas armadas permanentes, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El senador por Morena, Alfonso Cepeda, líder del SNTE, celebró dicha reforma, al señalar que se trata de justicia social y resaltó que durante el periodo neoliberal había un incremento desproporcionado en el aumento del salario mínimo.

“La transformación de México se refleja en hechos, no en palabras, el modelo neoliberal se impulsó una política de salarios bajos”.
El coordinador del PRI, Manuel Añorve, destacó que esta reforma protege el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto en el que la inflación ha sido un desafío constante para la economía de las familias mexicanas.

El panista Ricardo Anaya sostuvo que esta reforma “tiene dos grandes vertientes y por un lado es correcto que nunca más el salario de las personas aumente por debajo de la inflación y segundo que ningún docente, ninguna enfermera, ningún policía, gane menos que el salario promedio que el salario registrado ante el Seguro Social”.

Aunque adelantó el voto a favor de su bancada, Anaya pidió a Morena explicar si la reforma alcanza solo los salarios de policías federales o también estatales y municipales. 

Antes de la votación, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, aclaró que eso quedará a consideración de los estados.

IOGE