En un intento por restaurar la confianza entre el gobierno y las farmacéuticas, la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Raquel Buenrostro, y las principales empresas del ramo alcanzaron un acuerdo de buenas prácticas y precios justos en la compra de medicamentos que, dicen los que saben, garantizará la legalidad y ética en la distribución de medicamentos que reciben principalmente los derechohabientes del IMSS e ISSSTE. Lo comentan en los Trascendidos» de «Milenio». Foto de «Expansión Política».
