El objetivo, explicó, es garantizar que las personas indígenas tengan acceso a una defensa adecuada y comprendan plenamente los delitos que se les imputan durante los juicios.
“Vamos a iniciar con la revisión del padrón, porque aunque existe, algunos traductores no han estado activos. Es necesario actualizarlo y asegurar que quienes participen estén plenamente disponibles”, señaló Hernández en entrevista.
La magistrada resaltó que esta medida permitirá a jueces y magistrados contar con el soporte necesario para respetar los derechos lingüísticos y humanos de los pueblos originarios en los procesos judiciales.
De manera paralela, anunció que también se revisarán los expedientes de personas indígenas en distintas etapas del proceso legal, con el fin de conocer su situación y garantizarles acceso efectivo a la justicia.
“Es un tema prioritario para mí. Vamos a identificar cuántos casos existen y en qué estado se encuentran: algunos están en la Fiscalía, otros en tribunales y otros en ejecución de sentencia”, puntualizó.
La presidenta aclaró que actualmente se desarrolla el proceso de entrega-recepción en el Poder Judicial y que, una vez concluido, presentará de manera formal el plan de trabajo de su gestión.
Con estas acciones, aseguró, se busca avanzar hacia un sistema judicial incluyente y con perspectiva intercultural, que brinde certeza y protección a las comunidades indígenas de Veracruz.
