Con la propuesta de incrementar este gravamen, el Gobierno federal busca reducir la incidencia de obesidad, diabetes y sobrepeso, enfermedades crónicas con alta presencia en México y asociadas al consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas.
La medida, que será discutida esta semana en la Cámara de Diputados, durante la aprobación del Paquete Económico 2026, ha reabierto el debate sobre la eficacia de estos impuestos para mejorar la salud de los mexicanos.
A decir de Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), gravar las bebidas azucaradas sí tiene beneficios, pero para alcanzarlos es necesario aumentar la tasa impositiva y, sobre todo, asegurar que los recursos recabados se utilicen en servicios de salud y prevención.
“El impuesto es parte de la solución. El punto es hacer que lo etiqueten”, declaró.
El CIEP realizó algunos estudios sobre los efectos de los llamados impuestos saludables –que en México se aplican desde 2014– y concluyó que esto no afecta a la población más pobre ni al consumo.
Sin embargo, el dinero recaudado es necesario para ayudar al sistema de salud, que hace años opera con menos recursos que los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la par que enfrenta una alta carga económica por las enfermedades crónicas, que el Gobierno federal estima en 116,000 millones de pesos al año.
Los efectos en la salud
Éctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, aseguró que los impuestos saludables pueden ser una de las intervenciones en salud con mayor costo-beneficio.
Reconoció que incrementar el gravamen a los productos de tabaco y bebidas azucaradas se alinea con las recomendaciones internacionales y podría reducir la carga de las enfermedades asociadas a su consumo.
El problema, consideró, es que el Ejecutivo parece no tener un objetivo claro de qué hará con esos recursos, pues hasta ahora ha evitado comprometerse a etiquetarlos para programas de salud.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aseguró, se recaudó cerca de 1 billón de pesos en Impuestos Especiales a Productos y Servicios (IEPS), pero este dinero no se vio reflejado en mejoras al sistema de salud, que ha visto mermado su presupuesto público, al pasar de un gasto equivalente al 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB) al 2.5%, cuando la recomendación internacional es de 6%.
Sin programas adecuados de prevención, sin servicios médicos eficientes y cobertura universal, es imposible controlar las enfermedades crónicas, sostuvo.
Tenemos un sistema de salud realmente negativo para que tú te cuides. Es un problema, pero está quebrado el sistema de salud”,
La directora del CIEP coincidió. Señaló que el sector salud es una prioridad en el discurso, pero no en el gasto público. Por ello, subrayó, el aumento de los impuestos debe acompañarse con otras políticas sanitarias.
“Como país deberíamos tener la salud como prioridad y eso no ha pasado. Llevamos seis años con un relajo en el sistema de salud. Todo eso repercute en la salud, que no es una prioridad”, dijo Macías.
El diputado advirtió, además, de algunos fallos en la propuesta. Por ejemplo, deja fuera de los impuestos a las bebidas alcohólicas, asociadas también con el desarrollo de varias enfermedades, incluyendo algunos tipos de cáncer, mientras considera tasar los productos con edulcorantes no calóricos, lo que considera una medida polémica.
De estos endulzantes, sostuvo, no hay suficiente evidencia que demuestre que no son seguros para la salud. Se sabe, apuntó, que no tienen un efecto en el control del sobrepeso y la obesidad.
