Estamos inmersos en procesos políticos altamente competidos, sin embargo, el sentir ciudadano es que falta profundizar en propuestas y soluciones a sus necesidades más sentidas.

Lamentablemente diversos partidos y candidatos, están basando su estrategia de campaña en un juego sucio que genera descrédito a la actividad política en general, lanzando acusaciones sin fundamento y peor aún sin pruebas.

Es condenable y perjudicial para nuestro sistema político – electoral que sucedan actos cobardes, como el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la Alcaldía de Chilapa, Guerrero, o las muertes de Carlos Martínez Villavicencio, en Oaxaca, precandidato a diputado local y de Aidé Nava González, candidata a presidenta municipal por el municipio de Ahuacoutzingo, Guerrero, ambos del PRD.

Mantener una campaña electoral libre de sospechas por juego sucio, se encuentra íntimamente relacionado con mantener el capital político de los candidatos y su partido, ganen o no.

Hoy, los votantes tienen mayor nivel de información y mayor capacidad para emitir su voto fundado en la reflexión. Los ciudadanos desean que sus candidatos sean mujeres y hombres honestos e íntegros, que prediquen con el ejemplo de lo que debe ser un ciudadano que busca el desarrollo de sus representados.

Los señalamientos a la ligera, las acusaciones sin fundamento y sin pruebas, dañan la imagen del sistema de partidos y generan descrédito general a la clase política; algunos no logran entender que para aspirar al servicio público no sólo se debe estar en política sino tener condiciones para ejercerla, el político debe tener altura de miras para estar por encima de situaciones personales y bajas pasiones, pues su deber es de una naturaleza más trascendente, velar por el interés público.

Existe la convicción de cambiar radicalmente lo que sucede y como sucede en nuestro país. Hay la firme decisión de castigar a todo aquel que viole la ley sea candidato, servidor público o particular; en este tenor la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz aprobó la denominada Ley Anticorrupción, recién votada en el Congreso de la Unión, sumándose con ello a las entidades federativas comprometidas a adoptar el nuevo sistema para cumplir con las políticas de combate a la corrupción y promoción de la integridad pública.

Un punto importante, en el que se están coordinando esfuerzos, es el desarrollar la infraestructura necesaria, así como tener listo el recurso humano y financiero para la total instalación de los juicios orales a lo largo del estado, con la finalidad de agilizar el acceso a la justicia y reducir drásticamente los niveles de impunidad; el que cometa un delito debe terminar tras las rejas, pero el inocente no debe pisar nunca una celda.

Tengo la seguridad de que al final del presente proceso electoral, la sociedad evaluará todos los aspectos positivos y negativos de los candidatos, tomando la decisión correcta.

Tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo el marco jurídico que conlleve a evitar la impunidad.