México es el país del absurdo. Cada vez que intento salir del acostumbrado modo de pensar que tengo como mexicano acabo apenado por lo ridículo que debemos parecer a ojos del mundo. Una y otra vez demostramos que la cultura del absurdo y el ridículo es la norma en nuestro país.

Presumimos ser un país de leyes y sin embargo toleramos hasta la ignominia el abusivo saqueo y las extrañas relaciones de nuestros políticos. Sabemos que Moreira tiene la cola sucia, nos emocionamos cuando sabemos que es detenido en España y luego nos lamentamos ante el hecho de que haya demostrado la procedencia lícita de los recursos depositados allá.

El PAN, el partido de la gente decente, ha dado muestras una y otra vez de estar relacionado con el narcotráfico. La narco-diputada de Sinaloa es un ejemplo, pero no es el único, recordemos al Sr. Larrazabal que se hizo rico vendiendo quesos en los casinos controlados por narcos en Nuevo León. Su hermano fue alcalde por acción nacional, y gracias a ser operador político de Cordero llegó a ser diputado federal.

En el PRD las relaciones malosas también han salido a la luz, y en el caso del PRI aunque no se han demostrado, ni siquiera en los dos sexenios azules de Calderón y Fox, podemos suponer con cierto grado de certeza que también se dan.

Sin embargo, a ojos del mundo debe resultar ridículo que la bandera anticorrupción sea utilizada como lema político por Acción Nacional, sobre todo después de haber resultado el exgobernador de Sonora Guillermo Padrés todo un pájaro de cuenta.

Y que decir del asunto que hoy se propone en los elevados círculos políticos (apenas por encima del lodacero que es la política nacional), donde se discute que los candidatos a un puesto de elección popular tengan un certificado expedido por la PGR acerca de su no relación con el crimen organizado. Esto es verdaderamente llegar al extremo del absurdo.

Cuando comento con amigos europeos que en México está de moda certificar a los policías, la cara de asombro es inmediata. Porque en realidad no es necesario certificar a los policías. Si acaso, realizar pruebas de confianza no sólo al integrarlos a las fuerzas de seguridad, sino de manera periódica, pero nada más.

La razón es muy clara. En esos países dónde la ley reina (lo digo considerando que México está muy lejos de ello) no es necesario certificar a nadie. Cada quien resulta responsable de sus propios actos, y si comete delitos resulta castigado. En México no. Por ello, porque no queremos aplicar las leyes, buscamos darle vuelta a todos los asuntos, evitando cuidadosamente la aplicación de las reglas sociales, y fomentando con ello la corrupción y la impunidad.
Imagine usted por un momento, que cualquier policía que tenga relación con criminales, o que actúe de manera deshonesta, sea castigado de inmediato y se le aplique todo el peso de la ley.

En este ejercicio imaginario, piense por un momento, la posibilidad de que cada servidor público que desvíe recursos, o que realice contratos que lo beneficien a él o a sus allegados, en lugar de beneficiar a la ciudadanía, sea castigado con penas pecuniarias y de privación de libertad.

Continuando en este México imaginario, analice usted cuál sería la conducta de los particulares, si se aplicara la ley de manera estricta con ellos, y cualquiera que robara (sea pobre o rico, con influencias o sin ellas), quien se aproveche de sus relaciones con el sector público y realice obras de mala calidad o con sobre precio, o venda productos de mala calidad (o buena) con sobre precio, o venda servicios por arriba de su valor de mercado o no realizados los cobre, quien defraude la confianza de sus clientes o proveedores, quien deje de pagar una deuda, etc., cualquier particular que viole una ley sea castigado sin excusa ni pretexto por jueces honestos, y por ministerios públicos que cumplan su función, sabiendo ambos que si tuercen la ley, la ley los tuerce a ellos.

En nuestro imaginario México, las cosas funcionarían en general para beneficio de todos. Costaría mucho trabajo cambiar la cultura de corrupción (Peña tiene razón aunque nos duela), pero una vez superada la etapa inicial, la vida sería mucho más ordenada, y de inmediato se vería una mejoría en el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos, ya que los recursos que genera el país se usan adecuadamente en beneficio de todos.

Ese mundo que en México ni siquiera nos atrevemos a imaginar, en otros países existe. Quizá no a la perfección, pero sí con un avance significativo en la aplicación de las leyes. Y con ello una enorme mejoría para sus ciudadanos. Véase algunos países nórdicos como Suecia o Dinamarca. Véase a los países avanzados de Europa como Francia, Inglaterra y Alemania, o ejemplos asiáticos como Singapur, Taiwan, Corea del Sur y Japón.

Sí es posible, aún para un país como México, siempre que los mexicanos tomemos la decisión de combatir la corrupción e impunidad. Así de sencillo. La impunidad es la causa, el origen de muchos de nuestros males. Impunidad significa cometer un delito (de cualquier tipo), y que nada suceda, es decir, que el delito no sea castigado. Y si hay impunidad la corrupción surge y reina por los siglos de los siglos, a favor del mas fuerte, del mejor relacionado, del más poderoso, y en perjuicio del débil, que como siempre es una mayoría.

Mientras no se combata la impunidad en el país. Mientras se tolere que la corrupción reine sin mayores consecuencias. México seguirá siendo un país ridículo y absurdo a los ojos del concierto de naciones. Nuestra eterna república bananera.