Nadie de los asesores gubernamentales, de esos que cobran hasta 200 mil pesos mensuales por sus servicios, calculó el costo político y social que ocasionaría la Ley Número 287 del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

Nadie consideró que al ser “regresiva”, la reforma a la citada ley “abonaría la pobreza” de las familias y que por lo tanto desencadenaría el rechazo contundente y enérgico de los afectados, como ocurrió con las manifestaciones de protesta registradas el pasado fin de semana en esta capital.

Los diputados ante la LXIII Legislatura del Estado, dóciles y dúctiles como siempre, acataron las instrucciones que desde Palacio de Gobierno les dictaron. Lo mismo ocurrió con los dirigentes sindicales que integran el Consejo de Administración del IPE: sospechosamente callaron y acataron tales disposiciones.

Ante ello, miles de trabajadores, al servicio del Estado, de la educación, de la Universidad Veracruzana y municipal; jubilados y pensionados, al unísono, sin siglas partidistas y sin atender línea de sus patrones, han acudido en masa a interponer amparos en contra de la recién publicada LEY de PENSIONES que afecta sus intereses.

Como era de esperarse, Ley número 287 de Pensiones del Estado, barrunta una megatormenta, que el gobierno, haciendo uso de mayor sensibilidad política, bien pudo haber evitado y más precisamente en estos difíciles momentos de fracaso político, económico y social que vive el país.

Sin embargo, “se ven muchos argumentos jurídicos que pueden permitir echar abajo esta reforma, tanto en el recurso presentado por la CNDH como por parte de los miles de amparos presentados”, de acuerdo a la calificada opinión de la investigadora universitaria Josefa Montalvo Rivera.

Y es que, como ya se ha repetido hasta el cansancio, los fondos del Instituto de Pensiones del Estado fueron saqueados impunemente sexenio tras sexenio gubernamental hasta que finalmente las reservas técnicas de Pensiones se agotaron al punto que hoy se encuentra al filo de la bancarrota.

Situación que ha llevado al gobierno a tomar acciones con el propósito de dotar de recursos al Instituto, pero que desafortunadamente sus efectos gravitarán sobre los ingresos de los derechohabientes que tendrán que pagar
los despiadados ataques que funcionarios gubernamentales le propinaron a la economía del IPE, así como las exorbitantes sueldos que recibe una privilegiada clase de jubilados y pensionados.

Por ello, es justificada la indignación y el hartazgo que se manifiesta por las tropelías gubernamentales en contra del Instituto de Pensiones del Estado. Sólo basta escuchar el nombre de cualquier diputado para arrancar la furia; sólo basta escuchar las siglas sindicales para entrar en cólera; sólo basta una chispa para incendiar las multitudes; sólo basta una gota para que el vaso derrame los excesos que gobiernos inmorales y corruptos cometieron a espaldas de los derechohabientes.

Habría que recordar que en colapso financiero del Instituto de Pensiones danzan varios nombres de figuras públicas reconocidas que en su momento, según se sabe, se fueron cabezones con los dineros del Instituto. Aunque ya están muy manoseados, no debe olvidarse a José Luis Lobato Campos, Acela Servín Murrieta, Manuel Ramos Gurrión, De León Maza, Abél Cuéllar y Gonzalo Morado Huesca, entre otros muchos que también fueron cómplices de esas escandalosas fechorías.

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