Todas las familias aspiran, quieren una casa propia dónde vivir. Un derecho legítimo al que deberíamos acceder sin mayores complicaciones. Sin embargo, la realidad muchas veces es diferente. De ahí que algunas, mejor dicho, muchas personas opten por asentarse y construir sus casas en cualquier lugar, sin importar los riesgos. Claro que también algunas constructoras, en complicidad con funcionarios inescrupulosos, construyen y venden a precio de oro las casas, a través de créditos institucionales o bancarios.
Esto lo comento por la información que dio a conocer el diputado Eduardo Sánchez Macías, en relación con el número de personas que viven en zonas de alto riesgo en nuestra entidad. La cifra es de 3 millones de habitantes en 177 municipios. Un número escandaloso, por donde quiera que se le vea.
El último Censo general de 2010 registró que en Veracruz vivimos 7 millones 643 mil personas. Es decir que, casi la mitad de los habitantes están en riesgo permanente de sufrir cualquier tipo de accidente. Y en estos casos no podemos decir ni afirmar que “son contingencias provocadas por la naturaleza”, sino por quien o quienes permiten que seres humanos vivan en esos lugares.
Ahora sabemos que en 177 municipios, de 212, se asientan estos hogares en riesgo. Por lo que si Pitágoras no mintió, sólo 35 municipios tienen sus lotificaciones ajenas a cualquier tipo riesgo o contingencia ambiental. Demasiado grave y complejo el asunto, porque reubicar a 3 millones de personas no es nada fácil. Pero valdría la pena intentarlo paulatinamente.
No debemos echar en saco roto que la naturaleza cada día nos cobra más la factura por los daños que hemos causado durante siglos. En pocas palabras: mejor realizar una inversión económica para reubicar a las personas y no llorar ni lamentar tragedias de magnitudes insospechadas.
¿Es muy difícil cumplir la Ley? En comunicado oficial del Congreso del Estado se dice que la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dice: “La regularización de un asentamiento humano no procederá cuando se contravenga lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano correspondiente o se invadan derechos de vía de instalaciones, líneas o ductos superficiales o subterráneos, áreas naturales protegidas, zonas de riesgo o amortiguamiento de instalaciones o actividades específicas o los derechos generados por cuerpos de agua.
“También, cuando no sea factible técnica o financieramente dotarlo de la infraestructura y servicios públicos necesarios, si se ubica en zonas con características fisiográficas no aptas para su desarrollo, si se asienta en zonas con relevancia ecológica, arqueológica, artística o histórica, cuando se propicie la especulación en perjuicio del desarrollo urbano armónico y si el predio afectado registra un bajo índice de ocupación, conforme a las disposiciones normativas y reglamentarias”. Una cita extensa, pero necesaria.
No sé si estemos a tiempo de evitar desgracias personales y materiales. Pero sé que, si tenemos un Atlas de Riesgo y una Secretaría de Protección Civil, así como todas las unidades del ramo en esos 177 ayuntamientos, podemos empezar a trabajar en la prevención. Bien decía mi abuela: más vale prevenir que lamentar.
Por hoy es todo. Le agradezco su atención y deseo tenga un excelente miércoles. Nos leemos en la próxima entrega.
