Hace aproximadamente un mes, el inexperto legislador Adolfo Ramírez Arana, presidente de la Comisión Permanente de Transporte Público, Tránsito y Vialidad de la LXIII Legislatura de Veracruz, en entrevista con medios de comunicación impresos de esta ciudad anunció el envío de una iniciativa de Proyecto de Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, a la Comisión Permanente del Congreso del Estado.

El objetivo de la nueva legislación, según manifestó en la ocasión era el aumentar las multas a quienes manejaran su automóvil en estado de ebriedad, así como también a toda aquellas personas que lo hicieran a una velocidad superior a la autorizada. Acciones que por donde se les quiera analizar, solamente pueden calificarse de positivas de parte del legislador en cuestión, por lo que en ningún momento se puede dudar de su buena intención al realizar y apoyar la ley señalada.

En días posteriores debido a las inquietudes que ocasionó el proyecto de iniciativa de la nueva legislación en materia de tránsito y vialidad, fue dando a conocer otras de las grandes bondades que para los ciudadanos de esta entidad, de aprobarse, traería la citada ley. Entre las que podemos citar el prohibir el molesto e irracional apartado de lugares para poder estacionarse en el arroyo; combatir a todos aquellos comodinos que se estacionan en donde se les ocurre, sin importarles los malestares que causen a terceros o a la ya de por sí difícil vialidad de Xalapa, así como también el reglamentar la situación en que incurren una gran mayoría de talleres mecánicos, al sacar de sus instalaciones algunos de los autos que tienen en reparación a los lugares que están destinados para estacionarse en la vía pública o sobre las banquetas, entre otras lindezas más.

Por lo que corresponde al vía crucis que significa pagar la justa o injusta infracción, para que esto se agilice, se pretende dotar al personal de la dependencia que levante la infracción de terminales bancarias, para que en el momento que se lleva a cabo la acción, también se pueda pagar en el lugar de los hechos (tarjeta de crédito o débito), esperemos que con el debido descuento. O en su caso pasar a pagar a tiendas de autoservicio que se autorizarán para ello, como sucede en la actualidad en forma exclusiva en los OXXO, con un pago extra que corresponde a la comisión de ocho pesotes.

En cuanto al equipamiento urbano que habrá, se habla de cámaras instaladas en diferentes lugares, así como radares, para sacar fotografías de los infractores y también poderlos detectar en el momento de que cometan la que por el momento, podemos especular debido a las grandes irregularidades que en la materia se vienen presentando, justas o injustas infracciones.

Otra de las bondades que trae la nueva ley, es el cambio de nombre a la dependencia, de Dirección General de Tránsito del Estado a Dirección General de Transporte y Seguridad Vial, lo que seguramente es de gran trascendencia y también de gran importancia para los ciudadanos, que en todo momento y todos los días tenemos que estar soportando los abusos y arbitrariedades del personal de la corrupta dependencia.

También informó el novel legislador que: “ya no habrá oficiales de transporte público, serán todos agentes viales”. Situación que confieso no conocía y no sé si usted sí, estimado lector. Para también manifestar: “Proponemos una ley inhibitoria, que haga ver a conductores y usuarios de las vialidades que es mejor respetar los ordenamientos que pagar multas. Es una ley corresponsable, porque involucra a todos”.

Como se puede apreciar en lo expuesto, ninguna de las acciones se refieren a la forma en que los ciudadanos nos podamos defender de las arbitrariedades que empleados de la dependencia llevan a cabo. Por lo que la legislación que está proponiendo el representante popular Ramírez Arana, olvidó a quienes lo llevaron a ocupar el cargo de diputado que ostenta. Que se aplique la ley, sí, pero en forma legal y no inequitativamente.

Parece que Ramírez Arana, ha olvidado que es un representante de la población veracruzana, está en la LXIII Legislatura para hacer leyes entre otras cosas. Pero éstas deben de ser para el beneficio de sus representados y no para ver la forma en que se les puede reprimir y perjudicar en su actividad y patrimonio. Sería muy interesante que acuda a su distrito y lleve a cabo una reunión en la cual informe a sus representados del sentido de esta nueva y mal hecha legislación.

El tema de la regulación de las marchas, mejor ya no lo tocamos pues todo parece indicar le dieron instrucciones de dar marcha atrás, debido a que el tema es más de responsabilidad de la Secretaria de Gobierno por ser de índole político, que de vialidad. Hasta el miércoles.