A Dios gracias ya es viernes y, encima, de quincena. Pero antes de que salgan vueltos locos a terminarse lo que aún le quede de sus emolumentos considere que en la calle o en cualquier restaurante se puede encontrar a muchos pillos, y no precisamente esos malandrines que andan asaltando Oxxos y tiendas de conveniencia, ni tampoco a aquellos que se la pasan buscándole tumores a los perros para darles un buen morir, me refiero a otro tipo de hampones que esta semana se autoaprobaron más de 600 millones de pesos para gastárselos, ahí cordialmente, en el 2015, y que se hacen llamar La Banda de los Diputados.
Algo deben hacer, porque han emitido en un año más de mil boletines aunque en la mayoría de ellos se difundan cosas sin la menor importancia como que la diputada Anilú arrió la bandera siempre tan bonita ella con un vestidito muy ortodoxo, o que el diputado equis llevó apoyos a una escuela, o que la diputada Yé se pronuncia a favor de cualquier patochada. A la redacción de www.politicaaldia.com nos llegan diariamente entre cinco y diez boletines. ¿Quién en su sano juicio puede leer todo eso sin terminar medio loco? Al principio los leía, ahora ya ni eso, pero ayer me llamó poderosamente la atención un boletín que decía “Aprueban Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado”.
La nueva Ley (la cual por cierto mayoriteó el PRI) indica que “se podrá aplicar el capital privado en las obras y servicios prestados por el Gobierno, como la construcción y operación de carreteras y puentes. Así también, en sistemas de transporte masivo y de agua potable y saneamiento, y en la construcción y administración de puertos y aeropuertos e infraestructura para generar energía eléctrica o desarrollo urbano”. Hasta aquí todo iba bien, en dónde se me cuatrapearon los cables es en donde dice que “permite que cualquier empresa o profesionista proponga proyectos de infraestructura con participación de capital privado y sin estar sujeto a las condiciones impuestas por la legislación en materia de obra pública, que regula el gasto gubernamental aplicado a las obras”. ¡Ah caray! El que un particular llegue e invierta su dinero en una obra o servicio prestado normalmente por el gobierno, efectivamente debería darle cierta independencia, pero con esto el Gobierno estaría renunciando a su potestad sobre la obra o servicio, lo que implica que un particular podrá no sólo proponer el diseño de un puente, construirlo y financiarlo, sino que también podrá ejercer el cobro por su uso… y aquí es donde habría que volver un poquito al punto de que es una obra o servicio que el Gobierno debería prestar o construir. El espíritu de una Asociación Público-Privada es precisamente el de la cooperación y aprovechamiento mutuo así como la distribución equitativa y justa de los riesgos. La duda también persiste en por cuánto tiempo podrá el particular beneficiarse del puente (por poner un ejemplo)… ¿a perpetuidad? O ¿sólo estará prestando el servicio en sustitución del Gobierno y por tanto quién será el que le pague al inversionista? ¿El Gobierno o el usuario?
El Gobierno es quien debería absorber el pago puesto que es una obra o servicio que él debe dar, y no debería ser el usuario particular quien termine pagándolo, puesto que ese particular ya está pagando sus impuestos precisamente para esa obra. La nueva Ley contempla que “la dependencia, entidad o municipio deberá integrar el expediente técnico que demuestre su viabilidad”, pero deja al olvido algo muy importante: que la dependencia, entidad o municipio, también debería demostrar la disponibilidad presupuestal para hacer frente al pago de la obra o el servicio. Las Asociaciones Público-Privadas no son cosa nueva en México, pero parece ser que estos sujetos con traje mejor conocidos como diputados, intentan siempre vendernos espejitos en aras de un beneficio disfrazado.
Ya es viernes, mejor vámonos a descansar porque hoy, con el friíto, se antoja empiernarse con su peor es nada. Cuídese mucho y pórtese serio.
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