A casi un mes de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa la crisis política abierta por esos estremecedores hechos se ha ampliado hasta aproximarse a un punto de ineludibles definiciones. Del estupor nacional y el titubeo de la clase política, a excepción del patetismo y desfiguros del gobernador Aguirre, se ha tenido que hablar en forma más sería y accionar con cierta contundencia desde el gobierno federal y, al menos, el Senado. Al principio los comportamientos de la clase política fueron burocráticos y de desdén ante la tragedia; incluso el PRD, partido involucrado de cerca por la pertenencia a sus filas del prófugo presidente de Iguala y el gobernador de Guerrero, adoptó una postura vacilante y evasiva ante los fuertes señalamientos que, desde un principio, le hicieron los familiares de los jóvenes desaparecidos.
Del mensaje que dio Peña Nieto a tres días de los hechos de sangre ya no queda nada, se esfumó en la intrascendencia, para dar paso a una casi cotidiana alusión hueca y de buenos deseos a los hechos de Iguala. Es notable una falta de visión de estado para entender y enfrentar estos graves acontecimientos. Del perdón solicitado por Navarrete, del PRD, ya no queda nada, se olvidó a los pocos días ante un severo cuestionamiento por el papel atrapa todo y solapador de su partido. De la consulta planteada por Aguirre ya no queda nada, al día siguiente de ser formulada se disolvió por absurda e improcedente, teniendo que vivir a salto de mata y refugiarse en los rincones de su estado.
En general la clase política reaccionó en forma lenta y tradicional, no entendiendo la profundidad de la agresión a los estudiantes y sus repercusiones. Hasta que se dieron las movilizaciones sociales exigiendo justicia y se volvió noticia internacional, el gobierno federal dio muestras de estarse ocupando de estos hechos y se empezó a hablar de la salida de Aguirre. Pero falta mucho, ir a fondo y dar con el paradero de los muchachos. No es para nada un hecho que se pueda resolver fácil. Tiene un significado especial, de conciencia nacional. Nada será igual después de estos crímenes.
Estamos ante la probable masacre estudiantil más relevante después del 68, sus efectos también son superlativos, con manifestaciones estudiantiles no vistas desde esa misma fecha y una sacudida al sistema político. No bastarán declaraciones y tácticas dilatorias, sería una grave irresponsabilidad, para superar esta crisis; no, tiene que haber una cirugía mayor al sistema para que nuestro país supere la barbarie y se enfile por una ruta de paz y vida democrática. La movilización social y la ciudadanía indignada no quedará conforme con algunos detenidos y la emisión de los discursos de siempre, su apuesta es mayor, es de cambios y de justicia.
Es buena idea una comisión de la verdad con ciertas facultades, la salida de Aguirre, el rescate de las Normales Rurales, una CNDH con autoridad, una estrategia de seguridad de legalidad y de desarrollo social, entre otras medidas que señalen una salida democrática a la crisis política que abrió el crimen de Iguala. Eso sería coyuntural, después habría que formular una reforma al sistema que nos instale en la democracia verdadera y en un estado de derecho. Por supuesto que se requiere visión de estado y un compromiso profundo con la democracia para limpiar al sistema y crear las condiciones para una vida más normal y digna para todos.
Más allá del contexto político está el lado humano de estos hechos, la tristeza que nos envuelve, el dolor de los padres de los desaparecidos y las vidas perdidas, que no merecen manoseo, ni olvido y mucho menos quedarse sin justicia. Estos jóvenes merecen vivir, deben vivir, aparecer y cumplir sus sueños; sus vida debe continuar, abrazar a sus padres, ver cumplidas sus aspiraciones profesionales, hacer algo por su pueblo y ser felices. Lo que sea que pase de aquí en adelante deberá ser para bien de todos, para una mejor nación y para un futuro sano y viable para nuestra juventud. Esta crisis toca a los partidos y a los congresos, los hace ver desfasados y, en algunos casos, inútiles. De su autocrítica y renovación depende que tanto seguirán jugando un rol práctico y necesario o si irán al olvido. Es de esperarse que la justa indignación social por el caso de Ayotzinapa, no se agote en el abstencionismo, al contrario, que se convierta en una fuerza política exigente de democracia, que emplace al gobierno y traiga una fuerte corriente democratizadora de México.
Recadito: Lamento con profunda tristeza la muerte del Licenciado Lobato y su esposa.