Es sabido que todo Gobierno requiere recursos para poder cumplir con sus funciones. En el caso de nuestro país, los ingresos del Estado mexicano son contemplados cada año en la Ley de Ingresos de la Federación, la cual es sometida a consideración del H. Congreso de la Unión.
Al respecto, el pasado 16 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, remitiéndose al Senado de la República donde se inició el análisis riguroso para garantizar, entre otros aspectos, el crecimiento económico del país, debiéndose aprobar a más tardar el 31 de octubre, por lo que podría ser sometido a consideración del Pleno el próximo 29 de octubre.
Cabe destacar que la referida Ley, prevé un total de 4 billones 702 mil 951 millones de pesos, lo que significa un incremento de 26 mil 713.9 millones de pesos más respecto a la propuesta que realizara el Ejecutivo Federal.
Asimismo, estima un crecimiento económico de 3.7 por ciento; una inflación de 3 por ciento y un tipo de cambio, del peso respecto al dólar de los Estados Unidos de América, de 13.40 pesos por dólar.
Los legisladores priístas tenemos claro que debemos lograr acuerdos con las diferentes fuerzas políticas para seguir construyendo un México próspero, en paz, incluyente, con educación de calidad, mejor seguridad pública, eficientes servicios de salud e infraestructura, que nos permitan esparcir el potencial que como país tenemos.
De ahí la importancia de la minuta de la Ley de Ingresos, al ser la columna vertebral de nuestro sistema nacional de planeación democrática, ya que asegurará los recursos necesarios para, entre otros aspectos, fomentar el empleo y la producción, en un marco de responsabilidad hacendaria, atender los principales problemas nacionales y fortalecer las áreas donde hay espacios significativos de mejora.
En ese tenor, existe la voluntad del Legislativo para mantener la facultad al Ejecutivo Federal de fijar los precios máximos del gas licuado, por ser de especial interés e indispensable para las familias mexicanas, evitándose el riesgo de aumentos desproporcionados.
Entre otros aspectos, en la Ley en comento se propone mantener estímulos y exenciones como la acreditación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios causado por la enajenación del propio diésel para los diversos sectores que lo adquieran para su consumo final, en beneficio del agrícola, ganadero y pesquero, así como del autotransporte terrestre público y privado de personas o de carga.
En el Senado de la República estamos convencidos que el propósito de todo mecanismo económico es generar bienestar para todos los mexicanos, asegurándole al Estado mexicano que cuente con ingresos suficientes para dar respuesta a las necesidades más sentidas de la población, manteniendo a pesar del contexto internacional el crecimiento económico que nuestro país requiere.
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