El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) publicó el pasado 29 de octubre un desplegado dirigido a los poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno, los partidos políticos y la sociedad mexicana, en el que propone la realización de un pacto que tenga como propósito el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano.

Los trágicos acontecimientos de Tlatlaya e Iguala indignan al país y crece el reclamo ciudadano para que se supere la debilidad estructural del sistema de seguridad y justicia. En algunos sectores de la sociedad cunde el desánimo y se pone en duda la capacidad de los poderes y los distintos niveles de gobierno, para hacer frente a una situación que, si bien no es nueva, sí lo son la inquietud e inconformidad que provocan.

El CCE afirma “que México se atrevió a cambiar y, en el marco del Pacto por México, se han aprobado las reformas más importantes en décadas, en ese proceso de construcción de acuerdos, todos tuvimos la oportunidad de participar”, y en esa misma lógica plantean la necesidad de arribar a un nuevo pacto que “permita concretar los avances que hacen falta en asuntos tan relevantes como la seguridad, el Estado de Derecho, la justicia, el combate a la corrupción e impunidad y la democracia”.

La propuesta del pacto para el fortalecimiento del Estado mexicano plantea que todos los actores de la sociedad acometan “con energía el reto de garantizar la seguridad, la vigencia plena del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el país” y añade que “es una tarea que exige la participación oportuna y activa de todos los sectores de la sociedad, de los tres niveles de gobierno, de los poderes de la Unión, de los partidos políticos para acelerar el desarrollo integral del país, en una senda de modernización y progreso que beneficie especialmente a los grupos y regiones más vulnerables”.

Aplaudo la iniciativa del CCE y coincido plenamente con ella. En estas mismas páginas, en el artículo “Las otras reformas” (20.10.14) decía que “el país no puede ser moderno y la calidad de la democracia no elevará sus niveles si no se reduce, hasta eliminarla, la brecha entre el México que avanza en el camino de la modernización y el que se mantiene en las viejas estructuras de seguridad y justicia que si nunca funcionaron bien, en un país estatista y autoritario, nunca fueron demandadas como lo son ahora por una sociedad cada vez más democrática y exigente”.

En ese mismo texto afirmaba que “el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ante los últimos acontecimientos tiene dos disyuntivas: dejar que todo siga como hasta ahora y optar por soluciones de emergencia y paliativos, o hacerse cargo del problema, para resolverlo de una vez y para siempre. Él ya demostró su capacidad para sacar las reformas que estaban atoradas y parecían imposibles. Esa capacidad la puede comprometer en cambiar de fondo el sistema de seguridad y justicia. Haría un gran bien a México”. El presidente tiene la palabra.