El viernes pasado, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dio una conferencia de prensa en la que expuso de manera fría, con claridad y precisión, sobre la brutalidad irracional y terrible a la que pueden llegar los seres humanos.

En ella informó, paso a paso, en voz de sus propios actores, de la masacre perpetrada contra los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. El 27 de septiembre pasado, el mismo día de su captura, fueron asesinados y luego sus cadáveres quemados, destruidos y los restos esparcidos.

La presentación del procurador, con entrevistas grabadas de los asesinos donde confiesan lo que habían realizado, no deja dudas sobre los hechos. Su exposición responde con claridad, pasaron más de 30 días, a lo que pasó y dónde sucedió, pero no por qué ocurrió.

Los asesinos de los normalistas matan por matar. La vida, la de ellos y la de los demás no tiene ningún valor. Han perdido toda dimensión de la realidad y actúan de manera irracional. Los acontecimientos duelen y avergüenzan.

Va a ser muy difícil, lo más probable imposible, que por la condición actual de los cadáveres se les termine por identificar. Se puede seguir diciendo que mientras esto no ocurra, los normalistas siguen con vida, pero desgraciadamente no es así.

Los padres de los estudiantes asesinados pueden dar sentido a la muerte de sus hijos si se deciden, en medio de su inmenso dolor, iniciar y encabezar un movimiento nacional de “Nunca más otro Ayotzinapa”. Hay que poner un hasta aquí a los criminales y también a las autoridades.

La constatación de la barbarie presente en nuestra realidad, que lastima y ofende, no puede tener lugar en el país que todas y todos queremos. Este crimen brutal, como el de San Fernando, Tamaulipas, el de Tlatlaya, Estado de México, y otros muchos, desgraciadamente muchos más, deben tener fin.

En el México moderno e incluyente que todas y todos deseamos se tiene que superar la debilidad estructural del sistema de seguridad y de justicia. Es una obligación irrenunciable y responsabilidad de los tres niveles de gobierno y también de la sociedad.

La matanza de los normalistas, que ha conmocionado e indignado a la sociedad y también a la comunidad internacional, debe ser un parteaguas y marcar un antes y un después. Las autoridades no pueden minimizar los hechos y refugiarse en los discursos políticamente correctos.

Ellas deben mostrar con hechos que han iniciado el camino para evitar que ocurran matanzas como las de los normalistas. La única oportunidad que tienen para obtener la confianza de la ciudadanía son realidades y no palabras. A sólo dos años de haber iniciado su mandato, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está a prueba. Ante la nueva realidad que se le presenta no queda claro cuál va a ser su respuesta. “Nunca más otro Ayotzinapa”.