Hace una semana en este espacio después de haber conocido el controvertido “decálogo peñista”, iniciamos el tratar de hacer modestamente un análisis de su nada novedoso contenido. Comenzamos con el punto 10, no por tratar de hacer el trabajo en sentido inverso a como está planteado, sino simple y sencillamente por considerar que la temática de éste, es de gran importancia, ya que ahí se expresan lo que el priista Peña Nieto desde el inicio de su administración federal, consideró como puntos fundamentales de su gobierno, que son: la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Hoy abordaremos el punto 1, que dice así: Iniciativa de Reforma Constitucional, de una Ley contra la infiltración del Crimen Organizado entre las autoridades municipales. Bravo! Qué bueno, que se les prendió el foco y se van a preocupar por normar el mal llamado tercer nivel de gobierno que hay en este país. Pues aunque desde el punto de vista político se le considere en esa posición dentro de la escala de poder mexicana, realmente los gobiernos municipales que son la base de la administración pública nacional, tienen una gran importancia, vistos como debe de ser: del acercamiento que se tiene con los ciudadanos.

Como se tiene conocimiento, los gobiernos municipales son el contacto más directo que tiene la estructura de poder de este país, con sus gobernados. En otras palabras, con los ciudadanos, con la sociedad civil, con todos nosotros. Por lo tanto este nivel de gobierno es de gran importancia, pues lo más importante que tiene un gobierno, son sus gobernados. Es su razón de existir y de trabajar. Pero que por su falta de recursos, así como también por su de alguna forma “subordinación” a los estados y la Federación, ha sido desde siempre menospreciado. Razón por la cual, no se le ha puesto la atención que corresponde y así tenemos que situaciones como la de Iguala en el estado de Gurrero, con la desaparición de 43 estudiantes normalistas por mandato del Presidente Municipal perredista, personaje íntimamente ligado con la delincuencia organizada de esa entidad federativa, más otra serie de asesinatos y delitos de todo tipo, se pudo haber evitado. Pero los intereses partidistas y también personales del gobierno estatal en turno, no solamente lo permitieron, sino también lo propiciaron. Pues todos los partidos políticos que operan en esta nación así lo han demostrado, al permitir la figura de los candidatos externos, que no son más que el apoyo del partido en turno a determinado personaje que no solamente no milita en esa institución partidista, sino que ni siquiera lo conocen, pero que por equis recomendación, o por lo que indican las desprestigiadas encuestas, “garantiza el triunfo” en determinado municipio, distrito local o federal, así como también en algún Estado del país.

Garantía de triunfo totalmente cuestionada, pues todavía hay lugares en este país en donde la aplanadora del Gobierno Federal puede perder, por lo cual que garantía de ganar puede tener otro partido político, ninguna. Pero el riesgo que se corre al utilizar esta figura electoral es muy alto. Bástenos tener como prueba lo que ha sucedido en Iguala, Guerrero, con el alcalde perredista Abarca.

Lamentablemente esta situación que ha desprestigiado a México en el contexto internacional y exhibido a la actual administración federal priista como ineficiente y corrupta, para poder darse contó con todo el apoyo del Gobierno del Estado de Guerrero, razón por la que su Gobernador Aguirre Rivero, también del PRD, no quería solicitar licencia al cargo, pues el miedo a perder el codiciado fuero, no se lo permitía, y él no estaba dispuesto a perderlo, pues sabe lo que le puede suceder al no contar con esta ´protección constitucional.

Es por ello que el punto 1 del Decálogo Peñista, no solamente debe referirse a las administraciones municipales, también a las estatales, pues prueba de que la corrupción y complicidad con la delincuencia organizada también se da en este nivel de gobierno está más que demostrada. Como ejemplos tenemos a los ex gobernadores de los siguientes estados: Puebla, Mario Marín(PRI), el famoso “Gobernador Precioso”, que en cuanto finalizó su periodo de gobierno, inteligentemente desapareció del país. El señor Yarrington (PRI) de Tamaulipas, que nadie sabe en dónde está. El desprestigiado Moreira de Coahuila, quien debido a sus corruptelas, después de dejar el gobierno estatal, desprestigió más de lo que ya está a su partido el PRI, al que tuvo que renunciar para irse “becado” a Europa. El ex gobernador de Tabasco, Granier (PRI), quien no tuvo tiempo de emprender la graciosa huida y está preso en el país. Y algunos otros gobiernos estatales que están en funciones actualmente y que mientras sea así, no se podrá saber nada sobre sus operaciones, pero que en cuanto finalicen, si no encuentran quien les cubra las espaldas, serán exhibidos como lo que está pasando en Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Pero para que esperar a que finalicen los sexenios en cada Estado, sí por medio de una legislación adecuada, que se cumpla se pueden prevenir estas corruptelas. El punto 1 del Decálogo Peñista está cojo en cuanto a sus objetivos, debe de incluir en la legislación de intervención a los municipios, también a los gobiernos estatales. Usted estimado lector ¿Qué opina? Hasta el miércoles. noti-sigloxxi@nullhotmail.com