Igual o más caro que reparar el deterioro acumulado de una casa, vehículo o su salud, sale de caro corregir la acumulación del crecimiento desordenado de XALAPA, capital del Estado, sede de los Tres Poderes y polo de conocimiento y cultura. O sea un espacio geográfico que pertenece a todos no a unos cuantos ricos ni a muchos aunque sean pobres.

El Ayuntamiento que Preside Américo Zúñiga podrá frenar el deterioro de los índices de calidad de vida de XALAPA si además de incrementarse la inversión en obras y servicios, infraestructura y equipamiento urbano, las autoridades cumplen y hace cumplir la legislación urbana, en especial la Ley de Desarrollo Urbano y Regional, su reglamento y el reglamento de construcción. Todos debemos cumplir con la ley, sin excepciones ni trucos de interpretaciones amañadas de las normas.

La aplicación de infracciones de las que recientemente informó el Director de Ordenamiento Urbano, Arq. Ramón Hernández, es un acto de autoridad que era necesario pero insuficiente. Hacen falta otras sanciones y medidas preventivas más eficaces y la coordinación entre las diversas dependencias a fin de que los potenciales infractores se den cuenta que incumplir con la ley tiene costos mayores que las infracciones aplicadas hasta ahora.

También son insuficientes los instrumentos y mecanismos de vigilancia en materia de ordenamiento urbano. La distancia que separa a los fiscalizadores DE LA REALIDAD, sea la Contraloría interna, la del estado o el Congreso del Estado a través del ORFIS, obliga a diseñar mecanismos eficaces de vigilancia y colaboración ciudadana. Esto que es lo que se predica y supuestamente se practica en el combate a la corrupción, no hay razón para que se excluya el ordenamiento urbano y la misma realización de obra pública. No me refiero a los mecanismos oficiales, burocratizados y hechos para manipular consensos sino a la colaboración auténtica y abierta, tan plural como la sociedad civil de hoy. Mucho tiene por aportar el ciudadano con valor civil que informa de una construcción que viola el reglamento de construcción o el reclamo ciudadano por el cobro indebido en los estacionamientos de las tiendas departamentales.

Que no le teman los funcionarios municipales a ese tipo de participación, ni los políticos a la reacción de algunos empresarios abusivos, a lo que deben temer es al avance desordenado, caótico o de riesgo de la construcción urbana, lo barato cuesta caro y basta un huracán o un fenómeno hidromeyeteologico para sacar a flote esas incongruencias del crecimiento urbano.

Ya es hora de que a los Ayuntamientos los respete la federación y los gobiernos estatales. El caso de los ilegales estacionamientos de las tiendas departamentales como la disposición arbitraria de reservas naturales y los plantones y marchas como negocio de una gobernabilidad agotada, son algunos de los ejemplos que revelan la forma en que la impunidad, la ambición de ganancias fáciles y el atropello de competencias son parte de las causas que deterioran el llamado Estado de Derecho. Siempre el ordenamiento, la obra y los servicios han ido atrás del desorden y los nuevos asentamientos humanos. La autoridad se gana o se pierde todos los días y la gobernabilidad empieza por cumplir y hacer cumplir la ley.