§ CONSTANTINO AGUILAR: LOS CAMPESINOS, CANSADOS

DE IMPOSICIONES EN EL PRI.

Ahora que estamos inmersos en el proceso electoral federal 2015 de elecciones intermedias, llama la atención que dentro del cúmulo de opiniones en los medios de comunicación respecto a la reforma electoral, se olvide que México es un país con profundas desigualdades sociales donde el fenómeno de la marcada pobreza, es un distorsionante muy grave para cualquier democracia que quiera consolidarse en el país.

Y aunque en Veracruz solo elegiremos diputados a la Cámara Baja del Congreso de la Unión, se efectuarán también 16 elecciones concurrentes con la federal y en ocho de ellas se renuevan gubernaturas. En Coahuila, el proceso electoral comenzó el primero de noviembre del año pasado y las precampañas se inician el 14 de febrero próximo, y sus comicios locales -donde se elegirán 25 diputados locales- se desarrollarán del 6 de julio. En Nayarit donde también se eligen 30 diputados locales y 20 alcaldes, los comicios se llevarán a cabo en Julio.

No sólo serán dos comicios en julio de 2015, también estarán los concurrentes el 7 de junio de Sonora, San Luis Potosí, Campeche, Nuevo León, Colima y Querétaro. Además, se renovarán congresos y ayuntamientos en Yucatán, Tabasco, estado de México, Morelos, Chiapas, Jalisco y Guanajuato, así como las delegaciones y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde se probarán los verdaderos alcances de la reforma electoral.

La realidad nacional es que en las demarcaciones electorales llámense, municipales, distritales estatales y federal, se compran los votos. Bajo esas condiciones, ningún mecanismo electoral o constitucional podrá garantizar comicios justos y democracia efectiva. Por ello la necesidad de corregir las distorsiones legislativas e institucionales que, si bien no son materia propia del ámbito electoral, lo afectan directamente y, en los hechos, anulan las condiciones imprescindibles para el desarrollo de contiendas equitativas.

Sobre todo, por la intervención abierta, simulada o encubierta de recursos públicos provenientes de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como por la persistente participación de los llamados “poderes fácticos” en las campañas políticas que, en la práctica, han adquirido cada vez mayor peso en la formación y en el ejercicio del poder público, en contra de los principios más elementales de la representación política democrática, situando por encima de los intereses generales la representación y promoción de intereses particulares.

El Instituto Nacional Electoral debe buscar mecanismos efectivos para poner fin a la intervención en algunos casos “descarada entrega” de recursos ilícitos, provenientes de Secretarías de Estado (en la Federación), de despacho (en los gobiernos de los Estados), ayuntamientos, empresas, sindicatos y hasta del crimen organizado, para la promoción de candidaturas y, en efecto, para la formación y el ejercicio de los órganos del poder público, violando con ello la legislación electoral y los principios básicos para contiendas electorales transparentes y equitativas.

Es fundamental -si queremos que la democracia funcione en México- aplacar en la mayor medida posible el vicio clientelar. Más importante para el fortalecimiento de un sistema verdaderamente competitivo fortalecer los mecanismos de revisión de las cuentas de los partidos, limitar de manera más eficaz los financiamientos privados, establecer topes de campaña más estrictos y castigar con mayor severidad los casos de flagrante compra de votos que decidir si reelegimos o no a los diputados, se reduce el número de escaños de elección popular en la representación proporcional o se plantean candidaturas ciudadanas desprovistas de todo el apoyo estructural con el que cuentan los partidos políticos.

Con demasiada facilidad son burlados los topes de campaña. Es muy fácil simular y disfrazar la utilización de recursos públicos con propósitos electorales. En México cambiar favores por votos es una práctica masiva. El problema no es en absoluto trivial. El clientelismo es, ni más ni menos, una forma antidemocrática de dominación, basada en el control social que tiene lugar gracias a la pobreza y marginalidad. Y es en el interés de este clientelismo que lo beneficiarios de programas sociales no desarrollen una capacidad de autogestión ni que tengan éxito sus emprendimientos y proyectos, ya que la relación real con los beneficiarios se basa en la recepción pasiva de prebendas por parte de éstos. Estas prebendas son a su vez la base de la reciprocidad en el cumplimiento de instrucciones a los clientes de otorgar votos a sus benefactores.

La principal vinculación entre la exclusión social, la pobreza y clientelismo, es el poder, el cual se da como coacción, es decir, como control de un grupo sobre otro expresado en la exclusión a favor de la inclusión de un grupo que ostenta el poder. Esto, bien lo sabemos, es moneda corriente en México y, obviamente, no es democracia. Entonces, ¿Por qué lo olvidamos con tanta facilidad?

Varias son las naciones que han procurado reformas y esfuerzos por lograr mayor transparencia en la gestión pública y mejor control sobre el financiamiento a las campañas y los topes a los gastos electorales para contribuir a disminuir el grave impacto distorsionador que tiene el clientelismo sobre la democracia. Sin embargo, para lograr un cambio real, los ciudadanos deben orientar sus acciones hacia una distribución equitativa del poder, pensando en un empoderamiento ciudadano amplio y en la redefinición en un sistema de partidos anquilosado y obsoleto como el mexicano, en uno mucho más abierto y genuinamente competitivo.

EL PILÓN

El ex dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Constantino Aguilar Aguilar, a quien la Comisión de Procesos Internos del CDE del PRI que encabeza el veterano político, Carlos Brito Gómez, (recientemente exhibido en las redes sociales en diversos close ups fotográficos cuando se incomodó y rompió en cólera contra un niño vendedor de chicles que irrumpió durante el registro de precandidatos a diputados federales en la sede estatal priísta) señala que el PRI no cumplió con los acuerdos previamente pactados con quien verdaderamente toma las decisiones al interior del tricolor veracruzano.

El también ex diputado local y ex catedrático de la UNAM, asegura que la candidatura por el distrito de Xalapa Rural al estar conformado por una mayoría de municipios campesinos, debió haber sido para él, o para la ex presidenta estatal del PRI, Ericka Ayala Ríos, con quien incluso hubiera aceptado la suplencia, sin embargo, el oriundo de Alto Lucero (municipio enclavado en el distrito de Xalapa Rural) asegura que a Adolfo Mota Hernández, lo impusieron los intereses que se han apoderado del partido en Veracruz y quienes llevan al tricolor al despeñadero electoral, pues la gente ya está cansada de candidatos advenedizos, como el caso de Mota Hernández quien es oriundo de Coatepec, pero que toma al distrito de Xalapa Rural como un distrito “comodín”.

Por lo pronto, el dirigente campesino ya advirtió que la gente del campo no se identifica con el ex Secretario de Educación de Veracruz y que junto con el magisterio, habrá “voto de castigo” en contra del PRI.

Lo cierto es que el escenario comicial se le complica al recomendado del Senador Emilio Gamboa Patrón quien prefirió aventarse por un distrito diferente al de Coatepec, donde es mal visto porque cuando fue diputado en 2006, ni a casa de gestión llegó y hasta de domicilio se cambió para evitar recibir las filas de gentes que pedían su intervención para toda clase de gestiones y asuntos.

A ver si no les sale con lo mismo a los electores del distrito de Xalapa Rural.

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