Proteger la integridad de los mexicanos ante cualquier amenaza natural o accidente causado por el humano, es vital. Por eso, mi decisión de asistir con la representación del Senado de la República a la Tercera Conferencia Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, convocada por Naciones Unidas en Sendai, Japón.

Tuve la honrosa distinción de ser uno de los cincuenta parlamentarios invitados por Naciones Unidas para participar en esta Cumbre Mundial, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México; siendo la tercera ocasión que este trascendental evento se celebra en 21 años. Orgullosamente integré la Delegación Mexicana encabezada por el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa.

En mi calidad de presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado de la República, participé con cuatro ponencias, la primera de ellas expuesta ante Parlamentarios de diversos países con el tema la “Coordinación entre autoridades para la reducción de riesgos”; la segunda sobre “Alertas Tempranas”; posteriormente, en la Universidad de Tohoku hablé sobre la “Evolución Legislativa en materia de protección civil en México”, y finalmente sobre la “Gestión del riesgo de desastres desde una perspectiva incluyente”.

Además, aprovechamos la ocasión para abordar temas relevantes para Veracruz, en reuniones privadas con funcionarios del FONDEN, del IMSS, de CONAGUA; así como con personal de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ); y por supuesto con Margareta Wahlstrom, Coordinadora General de la Cumbre Mundial.

Este trascendental evento mundial concluyó con importantes acuerdos, tomados por 187 países, incluido México, tras cuatro días de intensos debates y 30 horas de negociaciones finales, donde estuvieron más de 25 Jefes de Estado, Vicepresidentes y Jefes de Gobierno, 42 organizaciones intergubernamentales, 236 organizaciones no gubernamentales, 38 entidades de la ONU y más de 300 representantes del sector privado.

Al respecto, se acordó un plan estratégico y de largo alcance, que incluye metas para los próximos quince años, hasta el 2030, tales como: Reducir la mortalidad mundial causada por desastres al 2030; reducir sustancialmente las personas afectadas; bajar las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el PIB mundial; reducir los daños en las infraestructuras esenciales, especialmente las sanitarias y las educativas; aumentar el número de países que cuentan con estrategias nacionales y locales de reducción de desastres para el 2020; mejorar la cooperación internacional para los países en desarrollo para 2030; incrementar la disponibilidad de sistemas de alerta temprana de peligros múltiples, de información y evaluación en relación con el riesgo de desastres para las personas al 2030. En resumen se acordó que se debe adoptar un enfoque preventivo del riesgo de desastres más amplio y centrado en las personas.

Como sabemos, México, es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, con una cuarta parte de la población expuesta a los efectos de tormentas, huracanes, inundaciones y deslaves. Su orografía y la dispersión de los núcleos poblacionales dificultan las estrategias de protección civil, de ahí que venga señalando desde el Senado de la República, la imperante y apremiante necesidad de que las entidades federativas actualicen su legislación en materia de protección civil, privilegiando la prevención y la coordinación gubernamental, además de fomentar la participación ciudadana y la aportación de las instituciones académicas y de investigación.

Derivado del terremoto de 1985 que sacudió a la Ciudad de México, se tomó la decisión de construir un Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), con el objetivo de proteger a las personas, a la sociedad y el entorno ante la eventualidad de los riesgos que representan los agentes perturbadores; reduciendo la vulnerabilidad en el corto, mediano y largo plazo, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación y auxilio de la población.

La evolución en materia de protección civil en México se fortaleció en el año 2012 con la entrada en vigor de la Ley General de Protección Civil. Al respecto, una vez adaptada el marco jurídico al entorno actual, el presidente de la República Enrique Peña Nieto, ha demostrado de manera contundente su absoluto respaldo y compromiso con la integridad física de los mexicanos y, por primera vez en México, instaló el Consejo Nacional de Protección Civil, que agrupa y coordina los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en esta materia.

Cabe significar, que en ningún otro país, las tareas de coordinación de protección civil están a cargo de un mandatario nacional, siendo una muestra palpable del grado de la responsabilidad, seriedad y compromiso adquirido por el gobierno federal.

En nuestro país, la cultura sobre la prevención ante amenazas naturales y accidentes causados por el hombre ha crecido significativamente, la reglamentación para los asentamientos humanos es más exigente, los edificios se construyen con un mejor diseño y con la visión de utilizar materiales más resistentes; se implementan periódicamente simulacros en centros escolares, oficinas gubernamentales y empresas para que los ciudadanos estén preparados en caso de una contingencia y puedan contribuir a proteger su vida y de los demás; aunado a que la coordinación institucional es cada vez más estrecha y está ofreciendo buenos resultados.

Sin embargo, debemos aprender de los demás. Coordinarnos mejor. Reconocer que gran parte de los riesgos que enfrentamos provienen de un deterioro global del medio ambiente. Los esfuerzo locales, por tanto, son necesarios, pero reconozcamos que por sí solos son insuficientes. De ahí la relevancia de haber acudido a la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.