El 7 de junio se disputan nueve gubernaturas en las que participan 66 candidatos de los 10 partidos registrados. A un mes de iniciada la contienda, sólo 11 han presentado su declaración patrimonial con documentos que la sostengan, y ocho de ellos también hicieron pública su declaración fiscal y de posible conflicto de intereses, según una investigación realizada por El Universal (29.04.15)
Once de los candidatos sólo hicieron un informe de bienes sin documentos que prueben lo que afirman; 24 prometen que posteriormente, no dicen cuándo, harán pública su declaración, y 22 no han ofrecido ninguna información. Los que no proporcionan ninguna información o la ofrecen parcialmente se refugian en el argumento de que la ley no les exige publicarla.
La pregunta evidente es qué esconde quien no hace público su patrimonio, su declaración fiscal y de posible conflicto de intereses. Y la obvia respuesta —la ciudadanía no puede pensar de otra manera— es que estos candidatos no lo hacen porque no pueden probar la trasparente adquisición del mismo. Esta respuesta puede ser o no cierta, pero es válida ante el hecho de la opacidad.
Es absurdo que la ley no obligue a la declaración patrimonial pública de los hombres y mujeres del poder, lo es también que las y los candidatos se refugien en esta posibilidad para esconder sus propiedades. Es inadmisible el argumento de que no se declara por razones de seguridad. En la vida pública no puede participar quien no quiera o pueda ser absolutamente transparente. Si no se está dispuesto a eso no tiene lugar en el espacio de la vida pública.
En las actuales circunstancias, exacerbadas por hechos como la Casa Blanca, la casa de Malinalco y la casa del secretario de Gobernación, los funcionarios y también los candidatos están más obligados que nunca, con o sin ley, a rendir cuentas a la ciudadanía. Una razón de peso a la hora de decidir el voto es conocer si la candidata o candidato han hecho o no publica de manera documentada la declaración patrimonial. De entrada, no se debe votar por alguien sospechoso de corrupción.
Conviene, por lo mismo, saber quiénes son hasta ahora los únicos candidatos que han hecho pública su declaración patrimonial avalada con documentos. Los panistas son Francisco Domínguez, candidato de Querétaro; Luisa María Calderón, candidata de Michoacán; Jorge Luis Preciado, candidato de Colima y Carlos Mendoza, candidato de Baja California Sur. Son cuatro.
De los perredistas están Martha María Zepeda, candidata de Colima y Beatriz Mojica, candidata de Guerrero. Son dos. De los priístas, Ricardo Barroso, candidato de Baja California Sur y José Ignacio Peralta, candidato de Colima, Son dos. De los morenistas, Layda Elena Sansores, candidata de Campeche y Rogelio González, candidato de Nuevo León. Son dos. De los petistas, Asael Sepúlveda, candidato de Nuevo León. Es uno.