Recientemente fue aprobado el nuevo Reglamento de Tránsito para el Estado de Veracruz, el cual ha generado descontento y frustración en algunos sectores de la población y propiciado que diversos gremios se hayan pronunciado en contra.
Para algunos resulta intrascendente este Reglamento ya que no incidirá para elevar la calidad en el servicio público y disminuir los problemas de tráfico vehicular en las principales ciudades del estado; por el contrario, consideran que al elevar las multas y castigos para quienes violen la norma, agravará la extorsión de parte de los agentes de tránsito, ante los altos niveles de corrupción percibidos por la ciudadanía, de ahí que primero propongan mejorar el desempeño de los servidores públicos que aplicarán este Reglamento.
La intención es buena, pero la forma y el fondo no han quedado del todo claros a la opinión pública.
Entre lo novedoso del nuevo Reglamento establece que los agentes viales podrán cobrar las infracciones inmediatamente a través de una terminal bancaria, en aras de evitarle al infractor perder su preciado tiempo, sin embargo, lo cierto es que faltarían concretarse varias adecuaciones tecnológicas que existen por ejemplo, en el Distrito Federal, donde, además de la terminal bancaria las unidades de tránsito traen videocámaras que filman todo el proceso para seguridad del automovilista y del propio agente de tránsito.
También es cierto que existen multas y castigos justificados, como el conducir bajo el influjo de sustancias prohibidas o ir conduciendo y a la vez utilizando el teléfono celular, ambas afortunadamente aceptadas en la mayoría de los ciudadanos.
Por otra parte, algunas de las multas que prevé este nuevo Reglamento son desproporcionadas al afectar gravemente a sectores de la población con menores ingresos, como el circular en sentido contrario (hay calles que carecen de la debida señalética) lo cual equivale a una multa de hasta 80 salarios mínimos (artículo 333 del nuevo Reglamento) es decir, unos $ 5,316 pesos, casi lo doble de lo que puede ganar un empleado en un pequeño o mediano comercio, poniéndolo en estado de necesidad violentando incluso sus derechos humanos.
Al respecto, la carga que se percibe es solamente para los ciudadanos, debido a que el presente Reglamento no establece cual es la responsabilidad, de la autoridad, cuando no exista la señalética adecuada y/o visible para que los conductores y peatones conozcan con seguridad el sentido de una calle, o bien, por la falta o descompostura de semáforos peatonales en cruces peligrosos donde no es posible cruzar seguro en horas pico.
Un «talón de Aquiles» del Reglamento es que no resuelve la prevención de accidentes, pues quien tenga suficientes recursos económicos para pagar las multas, elevadas o no, puede transgredirlo y seguir circulando indefinidamente por la ciudad.
Hay voces expertas que sugieren que el sistema debe cambiar, adecuarse y mejorarlo, de manera similar al sistema que se aplica en varias ciudades europeas como Madrid, o de América como Buenos Aires y Córdoba en Argentina, o al de países como Japón o Perú con su Reglamento Nacional de Tránsito, en los que se otorga una licencia o carnet de conducir con puntos, los cuales con cada infracción se van perdiendo y si el conductor pierde todos los puntos se le retira la licencia por un tiempo determinado o de por vida, poniendo a salvo a la sociedad de un conductor reincidente que no respeta la reglamentación vigente, sobre todo a quienes ocasionen accidentes por el influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes o cualquier sustancia prohibida, siendo más severa la sanción al tratarse de servidores públicos.
En lo que la gran mayoría coincidimos es en la importancia de realizar una revisión estratégica del nuevo Reglamento de Tránsito que permita solventar las deficiencias del actual sistema, incluyendo el otorgamiento de licencias y permisos, y se incluyan los avances tecnológicos existentes para incrementar la justicia administrativa y la prevención de accidentes viales, a la par de que la sociedad asimile y aplique dichos cambios, que son para su propio beneficio.
Los viejos sabios de la política mexicana atinadamente decían que cuando el pueblo asegura que es de noche, aunque sea de día, hay que prender las farolas.
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