La Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) se opone, en los hechos, a la inclusión social y ampliación de los derechos humanos que supone la nueva jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reconoce, fundada en sólidas razones jurídicas, el matrimonio de personas del mismo sexo y declara anticonstitucional los códigos civiles de los estados, que sólo reconocen el matrimonio entre un hombre y una mujer.

El argumento central de la CEM para oponerse está ya rebasado y niega la evolución de la cultura y la sociedad. Se aferra a la vieja posición de la Iglesia jerárquica “de que el matrimonio sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer” y esto, añade, con base “en razones científicas, sociales, religiosas” que dan cuenta de que la familia, célula de la sociedad, sólo se puede fundar en un matrimonio de ese tipo.

La CEM entra en contradicción cuando plantea que “si bien valoramos que nadie debe ser objeto de discriminación, tal como lo consigna el Artículo 1 constitucional, esto no significa que deba modificarse la esencia del matrimonio”. El hecho es que la actual legislación, que tiene una posición semejante a la de la Iglesia, provoca la discriminación y excluye del matrimonio a las personas del mismo sexo que lo quieran hacer.

En la versión de la CEM, el único fin del matrimonio es la procreación y por lo mismo, afirma que el que se establece entre un hombre y una mujer “por su capacidad procreativa garantiza la supervivencia de la sociedad. De ahí que, por ser de inminente interés social, el derecho civil confiera a esta unión un reconocimiento institucional que el Estado ha de promover y tutelar para el bien común”.

Es lamentable que al inicio del siglo XXI, la Iglesia no termine de entender el mundo de hoy y siga viviendo en el pasado, con argumentos que han sido superados precisamente para dar lugar a que en la sociedad todos sean incluidos y que los derechos humanos se amplíen y sean respetados. La Iglesia jerárquica con su actitud se distancia de estos valores y también de buena parte de su fieles y de la sociedad.

Como fiel de la Iglesia quisiera ver a la institución a la vanguardia en la defensa y promoción de la inclusión de todos los integrantes de la sociedad, de hombres y mujeres, en la misma condición y sin ningún tipo de exclusión. Es la Iglesia jerárquica la que desde hace años debería haber hecho una propuesta como la que ahora ha tomado la SCJN. La CEM está integrada por obispos particularmente conservadores y ajenos a la discusión de la nueva teología moral.

Es ya célebre la respuesta del papa Francisco a la pregunta de un periodista de qué pensaba sobre los gays y lesbianas: “quien soy yo para juzgarlos”. El papa responde desde la posición incuestionable de aceptación amorosa del otro que plantea el Evangelio. ¿Cuándo nuestros obispos estarán a la altura de los tiempos? ¿Cuándo tomarán en serio, más allá de anquilosadas posiciones, la defensa radical de los derechos humanos y la inclusión de todos en la sociedad? Me niego a aceptar que la respuesta sea nunca.