Esta semana, el Congreso de Veracruz acusó recibo de la notificación de la Comisión Permanente del Poder Legislativo federal, que solicita a los congresos estatales garantizar el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y presentar un informe sobre las acciones implementadas para ello. Dicha notificación fue remitida a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para el trámite correspondiente.
También, el legislador Ciro Gonzalo Félix Porras presentó una Iniciativa de Reforma al Artículo 6o de la Constitución Política del Estado, para incorporar un lenguaje incluyente hacia hombres y mujeres en la redacción de leyes o políticas públicas, y evitar la discriminación femenina.
Dos hechos relevantes, por sí mismos: Constitucionalmente, quienes nacemos en este país –por ese sólo hecho– tenemos garantizados todos los derechos, y es lo que en el fondo se busca resarcir: todas y todos iguales ante la ley, con obligaciones y derechos.
La vida pública no puede regirse por la moral privada, ni viceversa. Cada una de nosotras sabemos lo que somos, lo que queremos y buscamos. No podemos imponer nuestra “verdad”, porque ésta se construye con una visión particular que respetamos y pedimos se respete.
Pero si en este país todos tenemos obligaciones paritarias (el impuesto al consumo, por ejemplo), también debemos tener derechos similares. Los derechos humanos son inalienables, universales y jamás deben ser escamoteados por ningún grupo de poder.
La discriminación es execrable. Sin embargo, culturalmente la tenemos arraigada sin importar el desarrollo social y civilizatorio de cada grupo social. De hecho, pareciera que entre más “civilizada” una sociedad, más discrimina: por color de piel, religión, preferencia sexual e incluso, por el lugar de nacimiento.
El lenguaje ha sido el principal instrumento discriminatorio. En nuestro país es común escuchar el naco, indio, gordo, negra, güera, chaparro, flaco, etcétera. Las palabras también lastiman, aunque no maten. Por eso, la propuesta del diputado Félix Porras es oportuna.
Se plantea que en la Constitución o en las leyes que de ella emanen, cuando por efectos gramaticales se haga referencia al género masculino, se entenderá a hombres y mujeres por igual, y se promoverá que dicha igualdad se regule también en las denominaciones correspondientes a los cargos públicos.
Ciro Félix dijo ante sus pares: “Los hombres, las mujeres y los niños tienen el derecho de vivir libres de discriminación basada en género, raza, etnia, orientación sexual y cualquiera otra condición, como lo establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales y la Convención Internacional de los Derechos del Niño”.
Y recordó que desde el pasado 10 de octubre, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) suscribió la Declaración por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que obliga a sus integrantes a impulsar acciones específicas de planeación, organización y desarrollo en las entidades federativas, encaminadas a fortalecer los sistemas estatales de Igualdad y de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres.
Recorrer ese camino es el rumbo correcto. Al menos por un tiempo, porque toda sociedad es dialéctica y llegará el tiempo en que las leyes se deban adecuar a otros tiempos y circunstancias.
Por hoy es todo. Les deseo un excelente fin de semana y nos leemos en la próxima entrega
