El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, responsable de la investigación del posible conflicto de interés por parte del presidente, Enrique Peña Nieto, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al adquirir propiedades y bienes inmuebles de contratistas que trabajan para el gobierno, declaró que no existe tal. En su versión, tanto el presidente como el secretario actuaron conforme a la ley.

En principio el caso ya está cerrado y la resolución no causa ninguna sorpresa por tres razones: el carácter de juez y parte de Andrade; la redacción de la actual ley hace muy difícil que se puedan fincar responsabilidades en la materia; desde que inició la investigación se veía imposible, por las razones anteriores, que el presidente y el secretario de Hacienda pudieran ser inculpados en un hecho de corrupción.

A pesar de que se esperaba este fallo, que tardó mucho, la sociedad y la oposición reaccionaron con incredulidad. Lo declarado por Andrade no convence a nadie en independencia de que la adquisición de las propiedades pudo haber sido legal o porque en la ley no figura este delito. El gobierno de la República esperaba esta reacción de la sociedad y la oposición.

Así, el presidente, en un esfuerzo por controlar los daños, actuó con rapidez y dijo que la investigación exoneró a él y a su esposa, pero que “sin embargo, estoy consciente y reconozco que estos acontecimientos dieron lugar a interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos. A todos ellos les ofrezco una sincera disculpa”. El secretario de Hacienda, como parte de la misma estrategia de comunicación, también se disculpó.

En una reflexión que no es común, el mandatario afirma que “la conducta del presidente de la República como jefe del Estado, y la de todos los que tenemos el privilegio de servir a los mexicanos, además de estar apegada a derecho, debe ser tal que nuestras acciones no generen desconfianza” y dice estar “consciente que estos acontecimientos han generado un necesario y profundo debate sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción”.

Para la sociedad y la oposición, la duda sobre un real conflicto de interés por parte del presidente y el secretario de Hacienda no la despeja o resuelve el dictamen del secretario de la Función Pública. La Casa Blanca y la casa de Malinalco se van a mantener en la agenda pública. Van a seguir siendo tema de los medios nacionales y extranjeros. La dinámica va a ser, como sucede con este tipo de eventos, que desaparecen un tiempo de los medios y la discusión, pero luego reaparecen.

La descalificación que la sociedad y la oposición hacen del resultado de la investigación y del dictamen de la Secretaría de la Función Pública debe hacer pensar que esta instancia, que siempre será juez y parte, no es la adecuada para investigar y juzgar este tipo de casos y también que es necesario, tiene carácter de urgente, que una instancia, esa sí independiente y autónoma del gobierno, se haga cargo de dilucidar este tipo de eventos. Ahí está el ejemplo de Brasil.