Siempre dentro del marco de la especulación, rumorología y dimes y diretes mediáticos en torno a la deuda pública de Veracruz, a mi parecer destacan tres vertientes en las que amplios sectores de la opinión pública están coincidiendo y que podríamos resumir en igual número de interrogantes:
1. Aceptando sin conceder que el monto total de la deuda es la cifra que oficialmente diera a conocer el Sr. Duarte de Ochoa, ¿en que se empleó un recurso público que obviamente no benefició a los veracruzanos?
2. ¿En que contribuyó el multimillonario endeudamiento gubernamental al crecimiento económico y soberanía alimentaria, así como al abatimiento de desigualdad, pobreza, analfabetismo, desempleo y pérdida de calidad de vida de los veracruzanos, fijados como objetivos en el Plan Estatal de Desarrollo?
3. ¿La reestructuración y negociación disminuirá o incrementará el monto total de la deuda pública, y en que medida resolverá en lo que resta del sexenio fallido la ineficiencia e ineficacia del gobierno duartista?
A estas interrogantes que la población hace suyas, se habría que añadir la convicción que anida en el imaginario colectivo, de que el endeudamiento es consecuencia de la corrupción y el enriquecimiento explicable e impune de un puñado de servidores públicos.
En medio de la opacidad, desinformación y defensa de lo indefendible, la obviedad de las interrogantes y las posibles respuestas, con el contundente análisis de Hilario Barcelata Chávez (Veracruz. Las falacias de la deuda pública), deja ya poco margen para seguir hilando en torno al tema del monto global de la deuda pública veracruzana. Más o menos deuda, para el caso es lo mismo, elevándose el nivel de la discusión y el debate entre la opinión pública interesada, a lo verdaderamente relevante para la vida social, económica y política de la entidad:
¿Cuándo, dónde, como, en qué, se aplicaron los miles de millones de pesos que conforman la deuda pública existente?
¿A quiénes benefició el endeudamiento con obras y servicios públicos de calidad?
La reestructuración
Y para los que saben del paño, ¿en qué beneficia o perjudica una reestructuración de la deuda bancaria y bursátil? Toda vez que se da por sentado que la negociación implica sumar al principal tanto comisiones como capitalización de intereses y, de ninguna manera, quita o, en su caso, absorción de adeudos por parte del gobierno federal. Negociándose plazos y tasas de interés sin que disminuya y sí se incremente el monto total de la deuda.
Luego da igual si corresponde al gobierno del estado o al senador Yunes Zorrilla, el tomar la iniciativa en la negociación.
Quedando entonces la impresión en la opinión pública que lo único que se persigue con la reestructuración es que la administración pública estatal culmine el sexenio duartista libre de tropiezos y sinsabores. Dejándole el tiradero al mini gobierno entrante que recibirá una hacienda pública mermada en liquidez, y capacidad para obtener nuevos créditos, así como en capacidad de pago y garantías ante la disminución creciente de aportaciones federales y captación de recursos fiscales propios.
Amén de que el gobernador de dos años tendrá que bailar, ahora sí, con la más fea, política y socialmente, obligándose a una estrategia de austeridad y disciplina en el ejercicio del gasto que repercutirá en propósitos, objetivos y metas de crecimiento económico, en perjuicio de los sectores más vulnerables de la población.
Pues por mucho que fuere el ahorro al apretarse el cinturón, el tiempo y recursos perdidos nadie los repone, quedando imposibilitada la nueva administración para dar un nuevo y renovado impulso a crecimiento económico y bienestar social de la población.
La discusión y el debate en la opinión pública tienen para largo y el bombardeo mediático que le alimenta, no cesará en tanto la deuda sea tema del discurso proselitista de quienes aspiran a suceder al Sr. Duarte de Ochoa. Por lo pronto, y más allá de la especulación, dimes y diretes, Veracruz, en su economía y tejido social, profundiza su crisis sin que la política política frente al desastre anunciado, la pueda frenar o evitar.
¿O sí?
Hojas que se lleva el viento.
Nada esperanzador el cambio de jinetes a mitad del río en el gabinete legal del Sr. Peña Nieto. Más de lo mismo con los mismos rostros, las mismas ineptitudes y, sobre todo, con el mismo proyecto de nación sustentado en reformas y políticas públicas que la población por principio rechaza. El mismo grupo de exquisitos elitistas, aprendices de brujo e intérpretes de los intereses y recetas de los organismos financieros internacionales, pese a los propósitos del partido gobernante por enmendar la plana seguirá conduciendo al país por el negativo derrotero neoliberal de achicar al Estado mexicano en beneficio del capital extranjero. Con la agravante de que la presunta y mermada base social de apoyo con que cuenta el peñismo, se muestra decepcionada y escéptica frente a los enroques aplicados.
Para la mayoría de los medios de comunicación, el “ajuste” en el gabinete ofrece la oportunidad de especular en torno a la sucesión presidencial. Para el Sr. Peña un intento fallido por mejorar imagen y aceptación, en tanto que para la mayoría empobrecida de la población, más desigualdad, desempleo y pobreza es la expectativa para lo que resta del sexenio.
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“A río revuelto, ganancia de pescadores” reza el refrán, refiriéndose a aquellas personas que sacan provecho de las situaciones de confusión o desorden, y esto es lo que se observa en la cúpula del empresariado veracruzano que aprovechando la crítica situación por la que atraviesan las finanzas gubernamentales, como decía mi abuela, se quieren agandallar trasladando el efecto del impago de bienes y servicios por parte de la administración duartista, a indefensos consumidores de a pie.
Si de alguna manera repercute en empresas y hombres de negocios la deuda pública estatal, que paguen los platos rotos los que menos tienen, vía desempleo e incremento de precios. Fórmula cómoda de la cúpula empresarial para presionar a las autoridades y quedar bien con sus agremiados.
Xalapa, Ver., agosto 30 de 2015.
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