La desconfianza ciudadana de lo que hacen y dicen los políticos mexicanos de cualquier partido es de muchos años, pero se ha acrecentado de forma notable, diría dramática, en los tres años de regreso del PRI a Los Pinos. Encuentro dos grandes razones, hay sin duda más, para explicarlo:

1.- En la sociedad hay un claro antipriísmo que año con año se acrecienta. Ahora 70% de la ciudadanía rechaza al PRI, porque considera, como parte de sus atributos, que sus integrantes son corruptos, abusivos y mentirosos. Están en el poder para enriquecerse y no para servir. En síntesis, no son personas en las que se pueda confiar.

La ciudadanía confirma esta visión con hechos como la Casa Blanca, Malinalco, la relación estrecha, de amistad e incluso parentesco, entre gobernantes, contratistas y proveedores. Puede no haber conflicto de interés y tampoco hechos de corrupción, la duda vale, pero para la ciudadanía esos y otros eventos, ahora la prensa está plagada de ellos, “aparecen” como evidentes casos de corrupción.

2.- Los gobiernos del PRI tienden a esconder y minimizar, de manera refleja, todo evento conflictivo. En lugar de hacerlo evidente, que en la sociedad mediática e informada de hoy, es la única posibilidad que los gobiernos tienen para hacerles frente, los oculta y trata de justificar, de enmarcar, en el guión de lo políticamente correcto. A la sociedad tratan de convencer, de manera infructuosa, de que las cosas no son como parecen.

Tlatlaya no es un abuso, un crimen, sino una “correcta” y “positiva” acción del Ejército y lo mismo sucede con Tanhuato, para el caso de la Policía Federal. La tragedia de Ayotzinapa expresa de una manera precisa, paradigmática, la forma como actúa un presidente priísta. No se hace presente en el lugar, porque la “envestidura presidencial” no se puede arriesgar a recibir críticas de las familias de las víctimas. En su visión religiosa del poder, éste nunca puede ser “mancillado”. La gravedad del hecho demandaba la presencia del presidente. A un año, todavía no ha estado en el lugar.

A la lejanía y falta de compromiso, se añade no asumir la responsabilidad. Se culpa, no sin razón, a la autoridad local en el intento de marcar distancia. El error es que la ciudadanía, ante sucesos de este carácter, no hace distinción y para ella, el único responsable es el gobierno federal. Luego viene la investigación, por parte de la PGR y desde el primer momento se establece la duda de que algo se quiere ocultar. El reciente dictamen de una comisión internacional confirma la incredulidad de la sociedad. La conclusión es clara: el gobierno federal y los priístas no son confiables. Siempre mienten.