Los gobernadores tienen razón cuando muestran preocupación sobre la necesidad de legislar en torno a las candidaturas independientes y también sobre el temor de que éstas pudieran ser utilizadas como plataformas de grupos del crimen organizado. La centena de intelectuales, académicos, artistas, empresarios, escritores, periodistas, sacerdotes y activistas sociales que firman el desplegado de éste martes, donde exigen cancha pareja para la participación de los candidatos independientes, no ignora esos problemas.

Lo que plantean es que estas candidaturas deben estar “bien reglamentadas” y al respecto sostienen que “en los derechos políticos electorales, en especial el derecho de los ciudadanos de votar por candidatos independientes, y de éstos a ser votados, como en todos los referidos a nuestra vida pública, debe prevalecer el principio constitucional de que son derechos humanos fundamentales. Deben ser objeto de constante ampliación y no de recortes caprichosos por motivos políticos facciosos”.

En el 2015, en las elecciones del pasado junio, hubo por primera vez en el México moderno candidaturas independientes que constituyen, como se dice en el desplegado, “un avance significativo para nuestra democracia, pues trajeron mayor competencia y se ampliaron las opciones de los ciudadanos para votar y ser votados”. A partir de esa posibilidad, seis candidatos independientes, entre ellos un gobernador, fueron electos.

Los firmantes demandan que las legislaciones estatales, las ya aprobadas y las que vienen, no pidan “requisitos desproporcionados”, que las haga virtualmente imposibles. En la visión del grupo algunas de estas legislaciones estatales “constituyen retrocesos graves en el arduo camino de la democracia mexicana, pues limitan derechos que otorga la Constitución, contradicen fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desoyen opiniones del Instituto Nacional Electoral”.

El grupo plural que signa el desplegado se opone a las leyes discriminatorias y por lo mismo exhorta “a las legislaturas estatales y al Congreso de la Unión a no aceptarlas” y hace “un llamado al TEPJF, al INE y a la SCJN para que, por la vía legal, apoyen la adecuación de las legislaciones estatales ampliando los derechos de los ciudadanos según el principio pro persona consagrado en la Constitución a través de las reformas de derechos humanos del 2008”.

Es evidente, como se afirma en el texto, que las candidaturas independientes “no sustituyen ni desplazan a los partidos políticos, piezas centrales de cualquier democracia representativa, sino que introducen mayor competencia electoral y constituyen un acicate para obligarlos a rectificaciones urgentes”. Las candidaturas independientes llegaron para quedarse y se anuncia ya “una estimulante diversidad de candidaturas independientes para las elecciones locales del 2016 y el 2017, y la federal del 2018”.