Semanas atrás, Jorge G. Castañeda y yo, en un viaje por Centroamérica, pudimos oír en voz de autoridades de los países del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) cómo el gobierno de México había abortado su política de migración con Estados Unidos. Su estrategia era que el gobierno estadounidense estuviera presionado por el flujo de los migrantes, sobre todo de niños, y se viera obligado a negociar con los gobiernos centroamericanos montos de ayuda, para invertir en las zonas de expulsión en el intento de frenar la migración.

La acción de México de incrementar de manera radical la detención y deportación de los migrantes centroamericanos dio al traste con su estrategia. En el 2014, de acuerdo con autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) se detuvieron y deportaron 175,000 migrantes de los países del Triángulo del Norte y de enero a agosto del 2015 ya se llegó a esa cantidad. Faltan todavía un par de meses para que termine el año y la cantidad, de sostenerse el actual ritmo, podría ser de 262,500.

Ahora el INM detiene al doble de los migrantes que Estados Unidos. El vecino del norte ha reducido en 50% las detenciones de migrantes centroamericanos y las de México han crecido en más de 100 por ciento. Las autoridades mexicanas decidieron hacer suyo el problema de los migrantes centroamericanos y resolvérselo a Estados Unidos. Ahora, los funcionarios mexicanos están a cargo del trabajo sucio y los estadounidenses se limpian las manos.

Días atrás en un viaje a dar un curso en la Universidad Centroamericana (UCA), de los jesuitas, me reuní con un político salvadoreño conocedor a fondo de cómo opera el sistema de polleros en su país a lo largo de la ruta que cruza por México y llega a Estados Unidos. En su versión, usa datos precisos, en los dos últimos años se ha incrementado el número de centroamericanos que ingresan al territorio estadounidense, sobre todo niños.

Me dice que si los migrantes van por su cuenta tienen una alta posibilidad de ser detenidos y deportados por las autoridades mexicanas y norteamericanas, pero si van con polleros reconocidos y acreditados son altas las posibilidades de llegar hasta la ciudad de Estados Unidos pactada. La política mexicana ha encarecido el precio de los polleros y obligado a profesionalizar su trabajo, para dar buenos resultados. El cobro que hacen de Guatemala, El Salvador y Honduras a cualquier lugar del territorio estadounidense, con el cruce por México incluido, está entre los 7,000 y 7,500 dólares e incluye tres intentos, por el mismo pago.

Un pollero puede engañar y extorsionar a alguien, pero al interior de los países del Triángulo del Norte las familias de los migrantes saben distinguir entre un pollero profesional, que ofrece un buen servicio y cumple con lo pactado, y otro que no lo hace. El primero se prestigia y crece su clientela y el segundo se desacredita y no vuelve a ser contratado. Hay polleros criminales, pero como nos decía un funcionario guatemalteco, también otros, son los más, que hacen negocio, pero cumplen una función social.

Benjamín Cuéllar, defensor salvadoreño de los derechos humanos reconocido a nivel internacional, me expresa de manera plástica la realidad de la migración; la gente de los países del Triángulo del Norte vive en el infierno y quieren ir al cielo y para ello están dispuestos a pasar por el purgatorio. México debería facilitar el paso del purgatorio que muchas veces es prolongación del infierno.