Todos los mexicanos sabemos, o tenemos alguna noción general al menos, de la enorme carga monetaria que representan los partidos políticos para un país que vive eternamente en elecciones como lo es nuestro México.
El objetivo de esta columna es ayudar a dimensionar y comprender los bemoles de un tema espinoso, inclusive insultante si consideramos los grandísimos problemas y necesidades de esta nación, y que claramente es un modelo insostenible.
Comencemos por lo básico, actualmente en nuestro país operan diez partidos políticos (sin contar aquellos que cuenten únicamente con registro a nivel estatal), los cuales recibieron la estratosférica cifra de 3,909 millones de pesos para su gasto ordinario en 2015, y para ponerlo en un contexto histórico, dicha cantidad ha aumentado un 49% con respecto al 2006.
Esta suma es adicional al financiamiento electoral, que representaron 382.5 millones de dólares para las elecciones del 2006, lo cual contrasta con aquellos países donde la mayor parte del financiamiento a partidos políticos proviene de recursos y aportaciones privadas tales como Estados Unidos (135 millones de dólares para su elección de 2008) y Canadá (50.9 millones de dólares en 2008).
Actualmente, el financiamiento a los partidos políticos se calcula con una única métrica; simplemente se realiza una operación donde se multiplica el número de ciudadanos registrados en el padrón electoral, por el 65% del salario mínimo vigente, claramente un cálculo demasiado simple e inclusive arbitrario para determinar un presupuesto tan significativo.
Tomando en cuenta el uso ineficiente (y en muchas ocasiones irrisorio) de dichos recursos, así como la poca o nula transparencia y rendición de cuentas, está más que claro que el modelo financiero-político actual no solamente es inadmisible, sino también se encuentra alejado de la realidad y de las verdaderas necesidades del país, por lo que es necesario generar alternativas que propicien un uso efectivo, transparente y controlado de los recursos públicos en manos de los partidos políticos para producir un ahorro sustancial que pueda ser utilizado para resolver problemas y necesidades prioritarias.
Una de ellas podría ser otorgar el financiamiento calculado en base a una serie de parámetros tales como la cantidad de votos válidos en la elección anterior y el gasto promedio por voto válido, de esta manera el abstencionismo, la anulación y las campañas políticas de baja calidad tendrían un impacto directo hacia los bolsillos de los partidos políticos, conllevando con ello a campañas políticas mejor estructuradas y administradas.
Otra opción podría ser el abrir más la llave legal al financiamiento privado de los partidos políticos, que es la forma más utilizada por los países más desarrollados del mundo, liberando la carga al erario público, y por lo tanto dejando más recursos disponibles.
Estamos atravesando probablemente por la mayor era de reformas estructurales que ha sufrido México desde 1994, soluciones hay, si no se reforma el modelo financiero-político ahora, ¿Entonces cuando?
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