Para otorgar la Carta de No Antecedentes Penales a cualquier persona que lo solicite, en cuyo texto registre los datos contenidos en el Casillero Judicial, el diputado Eduardo Sánchez Macías presentó una iniciativa para reformar los artículos 145 y 146 de la Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para el Estado.
Al revisar la Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social -dijo el legislador- encontramos que sólo a las autoridades que lo soliciten, en el ejercicio de sus atribuciones, pueden proporcionar los datos contenidos en el Casillero Judicial, -el equivalente a la llamada ficha signalética que contiene datos de personas en proceso judicial- y prohíbe brindar a particulares dicha información.
Durante la cuarta sesión ordinaria, del tercer año de labores, la Mesa Directiva dio entrada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales esta iniciativa para reformar el artículo 145 y eliminar el 146.
En tribuna, Sánchez Macías explicó que con la implementación del nuevo Sistema Penal, la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado -asignada a la Secretaría de Gobierno- pasó a la Secretaría de Seguridad Pública.
Esta Dirección –añadió- contaba con el área denominada “Casillero Judicial” cuya función primordial era llevar el registro pormenorizado de todas aquellas personas a quienes se inició una causa penal y en consecuencia las resoluciones que hayan puesto fin al proceso.
El también vocal de la comisión de Gobernación consideró que la legislación actual vulnera los derechos de los ciudadanos al no poder acceder plenamente a una información y un documento que únicamente le pudiera interesar a él y que actualmente la solicitan para acceder a algún puesto laboral.
