El Ayuntamiento enfrenta una nueva demanda administrativa ante el Tribunal Contencioso Administrativo, luego de la clausura provisional -el pasado 17 de febrero- que se le hiciera a la empresa chatarrera “Ferrociclables S.A” por incumplimiento de contribuciones establecidas en el Código Hacendario de Minatitlán.
El síndico Martín Gracia Vázquez informó que se ha notificado al Ayuntamiento de la demanda interpuesta por el administrador único de dicha empresa, Javier Adrián Soberano Fitz, quien a través de sus abogados reclama un perjuicio diario por el orden de 438 mil 985 pesos y 91 centavos.
En esa situación, el síndico Gracia Vázquez dijo: “confiamos en la potestad de la Tesorería de ejercitar este tipo de acciones de sanción a comerciantes que no cumplen con los requisitos de pago y contribuciones que marca el Código Hacendario de Minatitlán y demás reglamentos municipales”, con la conciencia de que tales acciones están fundadas y motivadas, “para efectos que no tengamos que perder el juicio administrativo y que represente un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento”.
Al momento, el Ayuntamiento está en vías de darle contestación a la demanda, por lo que “vamos a presentar los argumentos como autoridad; no podemos hacer más de lo que la ley nos permite; pero si nosotros actuamos en función de la ley, fundado conforme a derecho nuestros actos y los motivamos porque no hay cumplimiento del particular en contribuir con el pueblo de Minatitlán en sus gastos públicos, creo que no habrá ningún riesgo de que el TCA nos vaya a sancionar con otra demanda en contra”, dijo el edil.
El síndico comentó que el erario público no se sostiene por dádivas, sino por contribución; es la mecánica, no hay otra”, refiriendo que mucha gente dejó de pagar por muchos años, “pensando que no se pagaba porque nadie les cobraba… y ahora que se ha instruido para que se recupere la fortaleza del municipio, se está presentando este tipo de eventualidades”.
Finalmente dijo que la capacitación que se ha dado a los funcionarios públicos debe ser garantía de que se está actuando conforme a derecho, y que en el supuesto que la clausura no esté en lo correcto, habrá de resultar responsabilidad a quienes por su actuar de manera incongruente repercuta en el erario municipal”.
