Eliminar la carta de no antecedentes penales como requisito para conseguir trabajo es una de las propuestas que se contempla en las reformas a la Ley de Ejecución Penal que se pretenden dictaminar esta semana en el Senado.
De acuerdo con el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, esta práctica estigmatiza a las personas que han cumplido una sentencia en la cárcel, por lo que al salir de ella no se pueden reinsertar a la sociedad por la falta de un trabajo.
“Necesitan una ayuda, necesitan un empujón de la sociedad” y parte de ese empujón, dijo Gil Zuarth, es prohibir desde la ley la exigencia de antecedentes no penales para conseguir un trabajo.
Cabe destacar que senadoras del PRI y PVEM presentaron en marzo de 2015 una iniciativa para modificar el artículo 23 Constitucional y con ello eliminar la carta de antecedentes no penales como requisito para tener un empleo, por considerarlo discriminatorio.
En la propuesta presentada por las senadoras del PRI Cristina Díaz, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores, Lilia Merodio, Leticia Herrera, Itzel Ríos de la Mora, así como María Elena Barrera, del PVEM, señalan que la carta no se encuentra regulada a nivel federal, sino que ha quedado como una potestad administrativa de la Procuraduría General de la República o bien como una potestad de las Procuradurías Estatales, en donde se guardan los datos de aquellas personas que fueron o están siendo sujetas a un proceso penal.
Ahora “la autoridad responsable, podrá otorgar dicha información a los particulares o a las autoridades administrativas únicamente cuando se trate de delitos graves y en los casos que determina la ley, respetando en todo momento la protección de datos personales”.
La iniciativa también destaca que, para la mayoría de los casos, nadie podrá solicitar la presentación de la carta de antecedentes penales como requisito para su integración o contratación profesional y laboral. No obstante, en algunos cargos o ciertas actividades, sería justificable solicitar esta carta de no antecedentes penales, como las relacionadas con la seguridad pública y la administración de justicia, en atención a la honorabilidad, probidad y buena reputación que exigen estos trabajos.
También se pediría en colegios, en instituciones financieras y en empresas de seguridad, ante la responsabilidad de los empleos.
De acuerdo con el presidente del Senado, sería este martes cuando se tenga la última reunión de trabajo con la representación del gobierno federal para concluir la dictaminación de la Ley de Ejecución Penal que, aseguró, se tratará de un “modelo audaz, un modelo creativo, de avanzada, que va a resolver buena parte de los problemas que tiene hoy en día el Sistema Penitenciario Mexicano”.
