El árbitro electoral venezolano aseguró que es el único órgano con potestad para elaborar una ley de referéndum, oponiéndose a que el legislativo, de mayoría opositora, apruebe una norma que le permita acelerar el proceso con el que busca recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional aprobó en marzo en primera discusión un proyecto de Ley Orgánica de Referendos para reglamentar los procesos consultivos.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sostuvo que el proyecto opositor se encuentra siendo tramitado fuera del marco constitucional, según una misiva divulgada el martes de la presidenta del árbitro, Tibisay Lucena, al jefe del legislativo, Henry Ramos.
La Constitución venezolana permite la revocatoria de todos los cargos de elección popular transcurrida la mitad de su mandato que, en el caso de Maduro, se cumplió en enero del 2016.
La oposición venezolana dijo en marzo que iniciará una serie de procedimientos constitucionales para desbancar a Maduro, entre ellos, un referéndum revocatorio, una enmienda constitucional, una asamblea constituyente y masivas protestas para obligarlo a renunciar.
Camino minado
Pero el camino está minado de escollos legales que pueden dilatar el proceso e, incluso, frenarlo.
Para convocar a un revocatorio, entre otros requisitos, la oposición debe reunir al menos 3.9 millones de firmas en tres días en puntos determinados por el CNE y supervisados por sus funcionarios designados.
Cuando Tibisay manda un oficio diciendo que sólo ellos (CNE) pueden legislar en esa materia, es anticipándose porque vamos a aprobar la ley de referéndums», dijo Ramos.
Necesitamos esa ley para acortar los tiempos porque si se deja en manos del CNE, donde hay cuatro agentes del Gobierno, van a tirar ese referéndum para más nunca», agregó en referencia a la norma que estipula que si el revocatorio se realiza luego del 10 de enero del 2017, será el vicepresidente quien asuma el cargo hasta concluir el período, en el 2019.
Si la Asamblea Nacional aprueba esta ley, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la máxima instancia judicial, deberá pronunciarse sobre su constitucionalidad.
Desde que la oposición retomó el control del parlamento a fines del año pasado, el TSJ ha decidido a favor del Gobierno enfrentando al Legislativo, lo que es criticado por la oposición como un uso politizado de la justicia.
