Bertita Z. Cáceres, hija de la activista hondureña asesinada Berta Cáceres, pidió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un grupo independiente que investigue la muerte de su madre por su “desconfianza” ante la “total ineficiencia” de las instituciones de su país.
“El Estado no nos dio ninguna respuesta, vuelve a reiterar su actitud de desentenderse nuevamente de nuestras peticiones a pesar de que la misma comisión ha manifestado su disposición a participar en la asistencia técnica de la investigación”, dijo hoy la joven en un encuentro con periodistas al término de una reunión en la CIDH.
Cáceres, de 25 años, defendió su solicitud en una sesión de trabajo privada en la sede de la Comisión en la que participaron sus abogados, los comisionados y, según su relato, “subalternos de la secretaría de Seguridad, de la Procuraduría de la República y de la secretaría de Gobernación y Justicia de Honduras”.
Satisfecha con la disposición mostrada por la CIDH, la joven insta ahora al gobierno de Honduras a que solicite la creación de un grupo independiente de investigación, a imagen del que impulsó la Comisión para investigar la desaparición de los 43 normalistas mexicanos de Ayotzinapa.
La familia de Berta Cáceres pide esta investigación en el marco de las medidas cautelares que les otorgó la CIDH el pasado 7 de marzo y sobre el alcance de las cuales aún no han llegado a un acuerdo con el Gobierno hondureño.
“No vamos a llegar a un acuerdo sobre las medidas cautelares hasta que no haya voluntad política, hasta que no haya una comisión independiente de investigación en el marco de las medidas”, afirmó Bertita Cáceres.
“Hasta que esa comisión no sea un hecho no vamos a hablar de lo que el Estado suele ofrecer, que es escoltas policiales, además para una familia muy numerosa y para una organización (Copinh) de 230 comunidades, que no sé cómo se puede brindar escoltas, patrullaje, chalecos antibalas a una cantidad muy grande de personas”, agregó.
En marzo, la CIDH también concedió medidas cautelares a los miembros Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que cofundó Berta Cáceres, y al activista Gustavo Castro, que la acompañaba cuando fue asesinada.
La hija de la líder indígena se reunió hoy también en Washington con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien, según la joven, le dijo que pensaba que “la comisión independiente era factible” y que no tenía “ningún inconveniente en que la CIDH participara en el proceso de investigación”.
Poco después de este encuentro, el titular de la OEA anunció que la misión del organismo contra la corrupción en Honduras (MACCHI) firmada el pasado enero investigará si el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres tuvo que ver con corrupción política o económica, pero no abordará la vertiente de derechos humanos.
El jefe de la misión (MACCHI), Juan Jiménez, viajará a Honduras la semana que viene para estudiar junto a las autoridades del país “la modalidad adecuada” de participación de su equipo en la investigación.
En una carta dirigida al ministerio de Exteriores hondureño, Almagro precisa que “los asuntos de derechos humanos que se deriven de este caso serán atendidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
La carta responde a la petición que hizo el Gobierno de Honduras vía nota diplomática el 1 de abril para que se cree, en el marco de la MACCHI, “una comisión Ad Hoc” para que proporcione “asesoramiento al Ministerio Público en el proceso investigativo y acusatorio” del caso del asesinato de Berta Cáceres.
De su conversación con Almagro, Bertita Cáceres extrajo que el proceso de la MACCHI y el de la CIDH son completamente independientes, algo que confirmó Almagro en un mensaje en Twitter.
“Aclaró que ellos no van a investigar el caso, ni se van a meter en un tema que compete a la CIDH, solo lo abordarán si en un futuro se ve que este crimen está relacionado con el tema de la corrupción, pero participarán solo en los límites de la MACCIH”, explicó la joven.
Su madre, que tuvo un gran impacto en la defensa del medioambiente ante los intereses empresariales, fue asesinada el pasado 3 de marzo en su casa en La Esperanza (Honduras), al parecer por dos hombres que portaban armas de fuego, a pesar de tener medidas cautelares de la CIDH desde 2009.
