Senadores del Partido de la Revolución Democrática y representantes de la diversas organizaciones civiles solicitarán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que promueva una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la denominada Ley Atenco que contempla el uso de la fuerza pública para dispersar marchas, manifestaciones o protestas en caso de ser necesario en el Estado de México.
El senador Alejandro Encinas exigió la revocación de dicha ley, por considerar que es violatoria a los derechos constitucionales y tratados internacionales, “al poner en peligro la vida, la integridad física, la libertad de expresión, la libre asociación, la salud, la privacidad, la libertad de tránsito, la propiedad, la presunción de inocencia y el debido proceso, al permitir a las autoridades de seguridad pública la limitación o intervención de dichos derechos sin control judicial alguno”.
Al respecto, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, dijo que la posición del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila es con pleno conocimiento de lo que sucede en su entidad y corresponde a las necesidades de las mayorías.
“Ellos (los gobernadores) son los que tienen la sensibilidad de lo que piden las mayorías, el gobierno, cualquier gobierno, tiene que gobernar para las mayorías y no para las minorías, absoluta libertad de expresión, absoluta libertad de tránsito, pero sin afectar a terceros”, señalo Gamboa Patrón.
