El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó en el Patio de Honor de Palacio Nacional la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Este nuevo ordenamiento fue aprobado por el Pleno del Senado de la República el pasado 15 de marzo de 2016, tras ser analizado por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, que preside Pepe Yunes Zorrilla; así como de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda.
El senador Pepe Yunes celebró la promulgación de esta Ley, que “representa un paso fundamental en favor de la responsabilidad hacendaria en todos los órdenes de gobierno”.
Explicó que la enmienda permitirá encauzar el destino de los recursos públicos en actividades productivas que impulsen el desarrollo y que impacten favorablemente en las condiciones de vida de los habitantes de los estados y los municipios, evitando un endeudamiento irresponsable.
El Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado enfatizó que la Cámara alta al Congreso de la Unión “le cumplió a México actuando con mucha responsabilidad”.
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios tiene dos objetivos: reducir el costo de financiamiento a los gobiernos locales responsables y moderar el endeudamiento, fomentando la disciplina financiera de estados y municipios.
“Con este nuevo ordenamiento, el país reafirma su compromiso con la estabilidad macroeconómica y el manejo responsable de sus haciendas públicas”, manifestó el presidente Enrique Peña Nieto, quien destacó que esto es resultado de la decisión y determinación de los distintos actores y fuerzas políticas de potenciar los beneficios de la Disciplina Financiera, ahora en los ámbitos local y estatal.
Esta Ley tiene su origen en una de las 13 decisiones presidenciales anunciadas el primer día del actual gobierno y que, posteriormente, se integró como uno de los compromisos del Pacto por México. Como primer paso, se trabajó en una Reforma Constitucional para otorgar facultades legislativas al Congreso de la Unión en materia presupuestaria así como de endeudamiento para las entidades federativas y los municipios. Dicha Reforma fue aprobada y entró en vigor el 27 de mayo de 2015.
Como segundo paso, se elaboró una propuesta que dotara a los gobiernos estatales y municipales de un marco normativo que asegurara finanzas públicas locales sostenibles, mayor transparencia, así como menores costos en la contratación de deuda. Esta iniciativa de Ley se presentó al Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.
El Presidente de México mencionó que después de un amplio y positivo trabajo legislativo y la generación de consensos, “hoy se ha concretado esta Ley, que transformará el desempeño fiscal, financiero y presupuestario de los órdenes de gobierno estatal y municipal”.
Asimismo, hizo un reconocimiento a los legisladores que enriquecieron esta iniciativa en puntos tan relevantes como los requisitos para la contratación de deuda pública; la definición del concepto de inversión pública productiva; la creación de un fondo de desastres naturales por entidad federativa; y la modificación del Techo de Financiamiento Neto, en función del nivel de endeudamiento y las capacidades financieras de los entes públicos.
Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, destacó que con la promulgación de la Ley “culmina un largo proceso para agregar a nuestro sistema de coordinación fiscal y a la arquitectura financiera del país, una pieza fundamental que hacía falta para dotar de certidumbre, de transparencia y de responsabilidad a nuestro sistema hacendario”.
Expuso además que esta norma permite establecer “límites objetivos al exceso de endeudamiento en los estados y municipios”.
Por otra parte, durante la sesión ordinaria del Pleno, el senador Pepe Yunes fundamentó en tribuna el dictamen por el nombramiento de Guillermo Valls Esponda como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 15 años improrrogables.
Explicó que se trata de un cargo de vital importancia en el sistema fiscal y administrativo, ya que el Tribunal va desarrollar una función especial en el contexto de la reforma constitucional para el combate a la pobreza, así como para generar una arquitectura en favor de la transparencia en el ejercicio del servicio público.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos del Pleno del Senado de la República.
