La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado determinó retomar el próximo lunes las reuniones de mesas directivas de nueve comisiones que son las encargadas de dictaminar el paquete anticorrupción, la regulación de la mariguana y el mando mixto.
Luego de una reunión entre los coordinadores parlamentarios del Senado y los presidentes de comisiones, se acordó que será hasta saber los avances de los trabajos en comisiones, cuando se determine la fecha para el período extraordinario.
En conferencia de prensa conjunta, los coordinadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón; del PAN, Fernando Herrera Ávila, del PRD, Miguel Barbosa Huerta y del Partido Verde, Carlos Puente; coincidieron en señalar que el choque político entre todos los grupos parlamentarios ha quedado atrás.
En el tema de la mariguana y ante la división que sobre el mismo tiene el grupo parlamentario del PAN, se acordó hacer dos dictámenes, uno sólo para regular el uso medicinal y científico y otro más sobre el gramaje permitido para uso personal.
En tanto esta mañana, el Partido Acción Nacional, en voz de su coordinador, Fernando Herrera Ávila, insistió en conferencia de prensa acompañado del coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, que la postura que llevarán a la Junta de Coordinación Política es convocar a un extraordinario antes del 28 de mayo, plazo que señala la constitución para aprobar el paquete de leyes secundarias para el Sistema Nacional Anticorrupción.
A través de una carta dirigida a los presidentes de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, les piden a que en un plazo de 48 horas citen a reunión con todos sus integrantes para comenzar la dictaminación de las siete leyes pendientes.
PAN y PRD, refrendaron su postura de mantener la alianza legislativa en materia anticorrupción.
En tanto, el senador independiente, Manuel Cárdenas Fonseca, llamó a las comisiones que deberán dictaminar los temas pendientes a concluir los temas y no presionar sobre los tiempos, al considerar que “sería terrible que el Senado trasladase costes negativos a la sociedad por las prisas de una agenda política de quien se trate, por respetable que sea, aprobando textos contrarios a la Constitución”.
